Krissia Morris Gray
La Contraloría General de la República (CGR) autorizó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la compra de dos millones de respiradores para personal médico, por más de ¢2.757 millones, bajo el formato de compra urgente.
El aval es para una contratación directa por desabasto.
Dichos respiradores son un tipo de mascarilla que evitan que se filtren partículas al sistema respiratorio de los trabajadores, al momento de atender a un paciente con covid-19.
Para los trabajadores
Estos respiradores son para los trabajadores que laboran es los centros médicos y forman parte de los equipos de protección personal.
Una cantidad importante de compras realizadas por la CCSS son cuestionadas por sindicatos y diputados, en algunos casos por incumplir las especificaciones técnicas requeridas.
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También, la CCSS, presuntamente, ha realizado compras a oferentes sin experiencia o que no tienen nada que ver con la industria de la salud.
Ante emergencia
El desabasto es consecuencia de un incremento en el consumo de implementos médicos ante la declaratoria de emergencia por la pandemia de covid-19.
Para la Contraloría, la situación de emergencia nacional es suficiente para aprobar la gestión formulada.
“Resulta procedente otorgar la autorización requerida para que la Caja Costarricense del Seguro Social contrate en forma directa con oferente idóneo, 2.000.000 de unidades de respirador filtrante de partículas para el abordaje de la pandemia por Covid-19, por un monto máximo de ¢2.757.295.200”, reseña la Contraloría.
Peticiones de la Contraloría
La entidad fiscalizadora del Estado instó a la CCSS a seleccionar, de manera objetiva, la mejor oferta.
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La misma debe estar basada en parámetros técnicos y jurídicos que permitan que se dispongan con los bienes que se adquieren, con la calidad requerida y que su entrega sea oportuna.
“Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración la selección del contratista que finalmente resulte adjudicatario. Para ello deberán mediar los estudios técnicos y legales que amparen la selección, todo lo cual tendrá quedar constando en el expediente administrativo que se levante al efecto”, recalcó la Contraloría.
Por otro lado se le solicitó a la Caja hacer un análisis de deberá existir un análisis de razonabilidad de precios, el cual debe ser suscrito por funcionario competente, así como el acto de adjudicación, que corresponderá según la cuantía del negocio.
“A fin de evitar una lesión al interés público o daños graves a las personas es importante que se procure una gestión más expedita en los procesos de adquisición de este tipo de suministros para que no haya desabastecimiento”, detalló la Contraloría.
Krissia Morris Gray
