Marco Marín
La Contraloría General de la República (CGR) cuestionó la moción presentada por la diputada de Liberación Nacional (PLN), Ana Karine Niño, en contra de un proyecto de ley sobre contrataciones en el sector público. La iniciativa pretende hacer más transparentes las contrataciones administrativas públicas.
El ente contralor defendió que el texto del proyecto coincide con la redacción que propuso. Es el proyecto “Ley de lucha contra el uso abusivo de la contratación administrativa entre entes de Derecho Público”. La Comisión de Asuntos Económicos ya aprobó el plan, seguido en el expediente 21.014.
El gerente de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría, Allan Ugalde, agregó que el objetivo de la reforma, es potenciar los procesos de compras mediante la competencia.
Según el cambio, si el oferente público está en condición de competir, no puede utilizarse la excepción que planteó Karine Niño en su moción. Esta pretende abrir ciertos portillos al plan, para que no sea tan restrictivo a las entidades estatales que buscan contratar a otras empresas públicas, y que incluso se puedan contratar terceros privados para ofrecer el servicio.
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Ugalde agregó que la reforma legal fomenta la participación, economía y eficiencia en las compras de la administración contratante. Dijo que las mociones presentadas podrían atentar contra el espíritu original del texto.
“Las mociones que se han presentado permiten, bajo diferentes redacciones, que los entes públicos en competencia tenga una habilitación para que se les excluya de vender sus bienes o servicios, participando de procesos licitatorios previstos por la ley.
Esto mantendría la problemática que hoy se vive entre los proveedores de servicios públicos y privados que no permiten a las Administraciones Contratantes obtener mejores condiciones de los bienes o servicios que desea adquirir por privarse de una sana competencia”, detalló a El Observador.
Ugalde explicó que actualmente existen instituciones que logran participar en la adjudicación de contratos. Entre ellos destacó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), El Instituto Nacional de Seguros (INS) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
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Polémica moción
Este martes, trascendió que la liberacionista Karine Niño, presentó una moción, que podría abrir portillos para abusos de contratación entre entes públicos.
Además se permitiría establecer consorcios y reglamentos internos que escaparían a la fiscalización del ente contralor.
En un principio, la moción fue apoyada por los diputados Roberto Thompson, Daniel Ulate del PLN; Ramón Carranza y Paola Vega del Partido Acción Ciudadana; así como Giovanni Gómez de Restauración Nacional.
Sin embargo Thompson aseguró que los tres verdiblancos que integran la comisión, se reunirían con la jefa de fracción, Silvia Hernández, para definir una posición oficial de la bancada.
“Vamos a conversar sobre los alcances de la moción y generar un consenso que no desvirtúe el proyecto en sí. A partir de eso, vamos a analizar con calma, esa y las otras 27 mociones para determinar nuestra posición. Le digo nuestra posición porque debería de ser una de fracción”, agregó el exalcalde de Alajuela.
El congresista Daniel Ulate dijo que firmó la moción, ya que piensa que la reforma planteada afecta la efectividad con que se puede solucionar la contratación de servicios.
El proyecto de ley 21.014, impulsado por el diputado de Unidad Social Cristiana, Pablo Heriberto Abarca, tiene tres propósitos esenciales:
- Que los entes que estén en competencia deban hacer un concurso para realizar las contrataciones
- Eliminar la tercerización
- Hacer una reforma sencilla
Marco Marín
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