Tomás Gómez
La Contraloría General de la República llamó la atención una vez más al Ministerio de Justicia por el programa de tobilleras electrónicas y le exigió un plan claro.
Por un lado, Justicia pretende una prórroga de al menos dos años del cuestionado contrato con Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). La Contraloría, empero, indicó que se debe avanzar en una licitación para un arreglo integral de los problemas.
La División de Fiscalización del ente contralor ordenó avanzar hacia “una solución integral de mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación de libertad”.
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“Dicha orden consiste principalmente en la elaboración del cronograma de actividades del procedimiento licitatorio que considere todas las acciones necesarias a fin de empatar el vencimiento del plazo del contrato vigente, la incorporación del contratista que llegue a seleccionarse, así como cualquier fase de transición para el ajuste o cambio de dispositivos que resulte necesario”, agregó.
La Contraloría señaló también que el viernes vence el plazo para presentar información clave para extender el contrato con la ESPH.
“Se requirió información imprescindible para resolver a dicho ministerio cuyo plazo para presentarla vence el 22 de enero. Hasta que ingrese esa información a la CGR no es posible resolver sobre esa prórroga”, manifestó.
Más voces contra negocio de tobilleras
Mientras las autoridades corren para extender el contrato de tobilleras con la ESPH más voces piden revisar el tema.
Junto a la Contraloría se han posicionado también diputados de diversas bancadas.
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El socialcristiano Pablo Heriberto Abarca y el evangélico Jonathan Prendas insistieron en la necesidad de un concurso internacional. Abarca pidió además la intervención de la Presidencia ante los cuestionamientos.
La restauracionista Floria Segreda, pidió una ampliacion de la investigación en Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.
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