Paulo Villalobos
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó a la Corte Suprema de Justicia, cambiar el cálculo de las remuneraciones de sus funcionarios, según lo que se dispone en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Esto luego de que los magistrados acordaran el 18 de marzo de 2019, eximir de esos ajustes a todos los empleados que fueran contratados antes del 4 de diciembre de 2018, fecha en la que entró en vigencia la reforma fiscal.
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La disposición del órgano adscrito a la Asamblea Legislativa — contenida en el oficio DFOE-PG-0738, enviado el 19 de diciembre de 2019 al presidente del Poder Judicial, Fernando Cruz — determinó que de no cumplirse esta, el jerarca incurriría en una falta grave, que lo expone a sanciones administrativas.
“Para el cumplimiento de la presente orden, se deberá remitir al Área de Servicios Públicos Generales de la Contraloría General, certificación que acredite que realizó la comunicación indicada en el punto a) (informarlo a los demás altos jueces) así como que se giraron las instrucciones indicadas y se definieron los mecanismos de seguimiento, consignados en el punto b) (aplicar los ajustes en las remuneraciones). La indicada certificación deberá remitirse a este Órgano Contralor, a más tardar el 31 de enero de 2020”, indica la orden.
El documento fue elaborado de oficio, a partir de una auditoría que el ente realiza sobre la evaluación del desempeño. Justo ahí, topó con el acuerdo tomado en la sesión 11-2019 de Corte Plena la cual procedió a analizar.
Ante consulta de El Observador, Cruz confirmó haber recibido el oficio y haberlo comunicado al resto de magistrados. “Por ahora no se emite pronunciamiento sobre el contenido del oficio del órgano contralor”, añadió.
Variaciones en remuneraciones
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas transforma el cálculo de los sobresueldos, al pasar de un cálculo porcentual a uno nominal.
Con ello se busca desacelerar el crecimiento de los complementos salariales, pues se pagará un monto fijo y no ligado al salario base que crece.
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De hecho, la norma indica que cada institución debe tomar el porcentaje del incentivo correspondiente y calcularlo sobre el salario base que tenía el trabajador a enero de 2018.
La otra variación tiene que ver con el reconocimiento máximo de cesantía, establecido en la norma para ocho años. El Poder Judicial había acordado mantener en 12 años ese límite.
Paulo Villalobos
