Paula Ruiz
El préstamo por $505 millones que el país pretende con el Fondo Monetario Internacional (FMI) servirá de alivio temporal como fuente de financiamiento externo para el Gobierno, detalló la Contraloría General de la República (CGR).
No obstante, la contralora Marta Acosta señaló que pese a ese empréstito, no pueden dejarse de lado las reformas necesarias para lograr un equilibrio financiero.
“Este financiamiento constituye un alivio temporal en tema de financiamiento, pero sigue siendo necesario un ajuste estructural para alcanzar equilibrio en la operación del Gobierno con enfoque plurianual”, reconoció la jerarca.
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Acosta intervino en la Comisión de Asuntos Hacendarios donde se refirió al proyecto de ley impulsado por el Gobierno, para que la Asamblea Legislativa apruebe este empréstito.
La contralora amplió que luego de esta aprobación, debe entablarse un diálogo para ordenar las finanzas públicas para retornar a un equilibrio y sostenibilidad.
El presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, avaló la aprobación del préstamo pues ello generará menos presión al mercado local y por ende se evita un impacto en las tasas de interés.
Comisión de Hacendarios recibió a contralora Marta Acosta. Cortesía.
Autorización legislativa
Silvia Hernández, presidenta de la Comisión de Hacendarios, había solicitado criterio a la CGR, además de la Procuraduría General de la República y el Departamento de Servicios Ténicos del Congreso, para tener claridad sobre si la Asamblea Legislativa debía de tramitar el préstamo.
El ente contralor, al igual que Servicios Técnicos, detalló que sí requiere del aval legislativo.
La duda surgió porque el artículo 107 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), permite al ente obtener y conceder créditos sin aprobación legislativa cuando implique operaciones para la balanza de pagos.
Aunque quedó claro que este empréstito es para apoyo presupuestario.
También esta tarde la Procuraduría General de la República dijo que se necesita el aval legislativo.
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Por otra parte, en materia de préstamos, la Contraloría informó que la cartera a diciembre de 2019 ascendía a $4.675 millones y se habían pagado $6 millones por comisiones de compromiso que están aprobados pero no se desembolsan. Este pago se genera porque no se conforman a tiempo las unidades ejecutoras, las unidades ejecutoras son lentas para contratar personal, entre otros.
“Según Crédito Público del Ministerio Público, hay un costo adicional de $186 millones por ejecución y atrasos financieros”, detalló.
El Gobierno ha insistido en que necesita la aprobación del crédito para empezar a negociar un acuerdo adicional con el FMI, conocido como un Stand-By Arrangement (SBA).
