Paula Ruiz
La Contraloría General de la República (CGR) recibió una denuncia para investigar las actuaciones de funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP) así como la negociación del alquiler de los pisos 5, 7 y 10 de la Torre Mercedes.
El MEP está interesado en trasladar a ese lugar situado en Paseo Colón, las oficinas que se están en el edificio Rofas desde el 2005.
“El área de Investigación para la Denuncia Ciudadana nos informa que ingresó una gestión relacionada con ese tema, que en este momento se encuentra en fase de admisibilidad”, informó la entidad ante consulta de El Observador.
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Por razones de confidencialidad y de normativa vigente, la CGR no puede dar mayor información al respecto.
En la denuncia, de la cual este medio tiene copia, se pide investigar a los empleados ante posibles “abusos e ilegalidades en cuanto al arrendamiento de espacios en edificios particulares para albergar distintas dependencias”.
Además, se solicita revisar la aparente aceptación de condiciones ilegales en medio de la crisis fiscal que afronta el país.
Aumentos
El documento señala que el MEP acepta condiciones que implican aumentos desproporcionados e, incluso, en contra de la ley.
Para el primer año (que sería este 2020) se hizo el cálculo con un tipo de cambio de ¢600 y para el año número 12, se hizo con una proyección de ¢1.026 por dólar.
La estimación considera incrementos anuales del 5% en dólares, aunque el BCR Fondos de Inversión (a cargo de los pisos de interés del MEP) calcula que serán de aproximadamente 3,5%.
Adicionalmente, se hace una estimación de 10% anual de aumento en el precio del alquiler lo que el denunciante dice es “absolutamente desorbitado”.
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“Normalmente son puntos máximos. Se ha manejado que el aumento del alquiler se hace según las tasas de alquiler vigente”, dijo Wilber Ching, oficial mayor del MEP a El Observador.
“Es la proyección del cálculo como tope máximo. Se hace un aumento mayor a la proyección para que desde el punto de vista presupuestario no quede (el ministerio) sin fondos para hacer frente al gasto”, continuó.
El contrato inicial será por seis años prorrogables por el mismo período. En caso de salir del inmueble, el Ministerio deberá informarlo con seis meses de anticipación.
“Ya el MEP está previendo en sus estimaciones un 5% anual como proyección de devaluación del tipo de cambio, lo que hace entonces que el incremento anual real sea de un 15% (10% + 5%), porcentaje inaceptable y desproporcionado desde cualquier punto de vista para las finanzas del Estado y muy por encima del índice de inflación anual del país ¿Cuál es el sustento de esto?”, señala la denuncia.
En dólares
La persona denunciante también expone que la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos prohíbe el reajuste de precios cuando el contrato sea en moneda extranjera.
En este caso, el contrato se pretende hacer en dólares y se estableció así porque en esa moneda es la que realiza negocios el BCR-Fondos de Inversión según dijo Ching.
Dentro de las conclusiones del denunciante, se exponen las posibles violaciones al ordenamiento jurídico que implican la nulidad del contrato.
Esto obliga “a que sean declaradas esas nulidades absolutas y por ende anulados esos contratos, pero además demanda que se sienten las responsabilidades sobre las personas directa e indirectamente involucradas en los mismos”, señaló.
El MEP aún no se ha trasladado hacia el edificio Torre Mercedes.
El Observador informó desde la semana pasada sobre el aumento del alquiler mensual entre el avalúo y precio final debido a exigencias solicitadas por el Ministerio.
El avalúo fue de 46 millones de colones aunque, la mensualidad será de 103 millones de colones.
El MEP alquila el Rofas desde el 2005. Crédito: Alejandro Álvarez | Wikipedia
