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Contraloría señala al MOPT por carecer de plan para instalar pago electrónico en buses y trenes

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A pesar de que la necesidad ha sido discutida durante más del último lustro, un sistema de pago electrónico universal en el transporte público aún se ve lejano.

La administración de Luis Guillermo Solís anunció que trabajó en un convenio, luego un compromiso entre distintas instituciones y hasta un Sistema Nacional de Pago Electrónico, que sería parte del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) del mercado financiero. Se anunció como meta el 2018 y luego se trasladó para el 2020, para tenerlo listo.

Sin embargo el plazo se podría postergar nuevamente. Este miércoles, la Contraloría General de la República (CGR) cuestionó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), por no contar con “un plan de implementación del pago electrónico enfocado en la sectorización de la GAM y su integración con el tren de pasajeros”.

Así lo señala el informe N° DFOE-IFR-IF-00012-2019, el cual analizó la eficacia en la integración operacional y física de los servicios de transporte público.

En enero del 2017, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) anunció la firma de un compromiso entre autoridades y operadores para implementar el sistema.

Según el ente contralor, el avance es escaso. Más allá de carecer de un plan de implementación, los únicos puntos que han sido definidos por las partes responsables son:

  • principios rectores
  • gestiones de instrumento de pago, pasajes y recaudo
  • lineamientos generales para construir un sistema de cobertura nacional

“La Administración ha ejecutado acciones de manera dispersas como son la emisión de decretos, directrices y planes de implementación de sectorización del transporte público modalidad autobuses en el Área Metropolitana de San José”, mencionó la Contraloría.

El ente agrega que si bien en noviembre del 2018, el Poder Ejecutivo estableció el “Plan de implementación de la Primera Etapa del Proyecto de Sectorización y Modernización del Transporte Público Masivo Modalidad Autobús del AMSJ”, carece de directrices.

“Ese documento no incorpora indicadores de servicio y metas esperadas, actores responsables, plazos de implementación para la sectorización, pago electrónico e integración tarifaria con un enfoque intermodal”, explica el informe.

OBSERVE MÁS: MOPT: 170 mil usuarios en Guadalupe reducirán tiempo de viaje por carril exclusivo

Integración tarifaria

La Contraloría ordenó al MOPT formular el plan necesario, con todas las variables como la integración tarifaria. (El Observador)

La falta de un plan adecuado de implementación no es el único hallazgo de la auditoría. El Gobierno falla en la integración tarifaria, es decir la posibilidad de un sistema de pago electrónico que puede ser utilizado tanto en buses como en ferrocarriles y taxis, entre otros.

La Contraloría determinó que en una escala del 100%, los avances logrados representan solamente una quinta parte (20%).

En términos de información accesible, “no se ha conceptualizado un sistema que permita a los usuarios acceder a la información relacionada con la operación de las rutas, para planificar un viaje o dar seguimiento durante el recorrido”.

“La desarticulación de las variables operacionales del sistema de transporte público modalidad autobuses de la GAM, impacta directamente los estándares de eficiencia, en cuanto a tiempos de viaje y de espera, calidad (confiabilidad, comodidad, seguridad) y asequibilidad con relación a la tarifa en la prestación del servicio. Por ende, lo anterior tiene un efecto directo en la población usuaria de dichos servicios, siendo los de menores ingresos los de mayor afectación”, sentencia el informe.

OBSERVE MÁS: Diputados convocan a Ministro de Transportes por millonaria consultoría para modernización de buses

Largo camino

En nuestro país, el cobro electrónico inicialmente se discutió para el servicio de transporte público en autobús. En enero del 2014, la Aresep, el Banco Central y el MOPT firmaron un acuerdo para establecerlo.

Menos de tres años después, en diciembre del 2016, entró en vigencia la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal (N° 9416). El artículo 4 estipula que:

Todas las personas, físicas o jurídicas, con actividad lucrativa que presten sus servicios al público están obligadas a aceptar, como medio de pago alternativo, las tarjetas de crédito o débito, así como cualquier otro mecanismo electrónico o no, en donde exista una institución financiera que le garantice al comerciante la acreditación del dinero a su favor.

De acuerdo con el director del Sistema de Pagos Electrónicos del Banco Central (BCCR), Carlos Melegatti, este servicio comenzaría a funcionar durante el segundo semestre del 2020, según dijo el 18 de marzo en el programa radial “Nuestra Voz”.


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Las experiencias trascienden a los resultados. Tomar el camino menos transitado siempre hace la diferencia y los errores duelen menos cuando seguimos nuestro instinto. En lo periodístico, las palabras solo son herramientas pero, utilizadas adecuadamente, dan sentido a nuestras vidas. En síntesis: compren el tiquete, ajusten el cinturón de seguridad y disfruten del viaje.

Marco Marín
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