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Contraloría sugiere unificar empleo público y eliminar 8 subregímenes que provocarían disparidades

La Contraloría General de la República (CGR) sugirió que todas las instituciones públicas se unifiquen en la misma ley de…

Por Paula Ruiz

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Contraloría sugiere unificar empleo público y eliminar 8 subregímenes que provocarían disparidades
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La Contraloría General de la República (CGR) sugirió que todas las instituciones públicas se unifiquen en la misma ley de empleo público, y a la vez eliminar los ocho subregímenes que mantiene la propuesta.

De acuerdo con la contralora general Marta Acosta la Ley que se pretende “debería ser para todos” sin que se intrometan aspectos de autonomía.

“No veríamos a nadie excluido porque lo que el rector va a diseñar son políticas de carácter general que todos deberíamos cumplir”, dijo la jerarca.

Este miércoles, Acosta estuvo en audiencia virtual en la Comisión de Gobierno y Administración, donde se discute el expediente 21.336 “Ley Marco de Empleo Público”.

En este texto sustitutivo, el Poder Ejecutivo excluyó de la aplicación a las entidades públicas en competencia, como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

“En nuestra opinión, esta (ley) debería incluir a toda la institucionalidad pública, independientemente si está o no en competencia”, señaló.

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De 16 ‘familias’ a 8

Actualmente el sector público está dividido en 16 regímenes y en estos hay instituciones que a su vez, tienen sus propias reglas. Para Acosta eso refleja la fragmentación que ha provocado disparidades salariales.

En el criterio emitido por la CGR a la comisión legislativa, el ente sugiere incorporar a todo el sector público. La Contraloría insistió en la necesidad de revisar los subregímenes o familias.

Para la contralora, aunque si bien empleo público pretende ser acatado para nuevos funcionarios públicos, la permanencia de estas familias hará que surjan diferencias y disparidades, que básicamente es lo que se busca eliminar.

“La Contraloría considera que es posible avanzar en el diseño el modelo de empleo público por medio de un enfoque de reglas generales uniformes que permitan la convergencia de diferentes regímenes, con lo cual sería innecesaria la definición de familias“, acotó.

En el criterio escrito, la Contraloría reitera la ausencia de criterios técnicos para sustentar los subregímenes, hoy catalogados como familias. “Situación que al mantenerse parece reforzar las disparidades existentes entre entidades públicas”, indica el texto.

“A este respecto, no se identifica la forma en la que el esquema propuesto (con varias familias o subregímenes) permitiría contar con un modelo de empleo público que garantice un nivel óptimo de eficiencia y eficacia en la prestación de los bienes y servicios”, agrega el documento.

De acuerdo con datos del entre contralor, en 2019, el pago de salarios en este sector, alcanzó los ¢5,9 billones, que representa el 16% del Producto Interno Bruto (PIB).

¿Hacia dónde vamos?

Las reflexiones de la Contralora se centraron en aspectos relacionados con visión país, hacia dónde queremos ir y cómo nos visualizamos en materia de empleo público.

“La Ley Marco de Empleo Público (debe ser) con postulados para que todos los cumplamos y un rector que tenga funciones de emitir lineamientos orientativos de carácter general, que evalúe y diga adónde va el empleo, no solo en temas de cantidad, remuneraciones y cantidad de empleo sino en cualidades que necesitamos”, consideró Acosta.

Adicionalmente, sostuvo que se deben de valorar aspectos como rendimiento y evaluación de funcionarios con base en competencias; la selección de personal y otros aspectos.

Según datos de la institución, hay 300.000 funcionarios públicos, que representan el 14% de la población ocupada del país.