Tomás Gómez
La Contraloría General de la República señaló algunos puntos de la contratación que hizo el Ministerio de Justicia a la empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), en el 2016, para proveer el servicio de tobilleras electrónicas.
Apuntó a que la mayor parte del servicio recaía en un tercero y además pidió ahondar la información sobre la variación en el precio del servicio.
Los señalamientos del ente contralor se suman al informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) cuyos detalles publicó El Observador este martes y al expediente abierto en el Ministerio Público.
Al ser tanto Justicia como la ESPH entes públicos, los procesos burocráticos de contratación se facilitaron. Según la Contraloría, sin embargo, el segundo tuvo que recurrir a un tercer proveedor para sacar una parte importante de la tarea.
La revisión estuvo a cargo de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, que emitió el informe DFOE-DI-0718 el 25 de mayo del 2018.
“Según el análisis realizado por esta área, no se deriva que la ESPH participe de manera sustancial en la prestación del servicio contratado, pues la empresa subcontratada por dicha entidad cumple con 112 de los 172 requerimientos técnicos establecidos por el Ministerio de Justicia y Paz”, dice el texto en la página 13.
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La Contraloría destacó en ese punto que la normativa de Contratación Administrativa fija límites para la participación de terceros en el desarrollo de servicios y que en este caso habrían dudas.
“Este precepto legal delimita la posibilidad de subcontratar hasta en un 50% del monto adjudicado, siendo que para el caso objeto de estudio, del precio adjudicado a la ESPH de $17 diarios por dispositivo, esa empresa pública debe pagar a CESA (subcontratista) un monto que, dependiendo de la cantidad demandada, oscila entre $12,10 y $13,40 diarios por dispositivo, que en ambos escenarios sobrepasan el límite establecid, y en la especie es un aspecto legalmente requerido, tanto en el cartel como en la oferta”, agrega.
Contraloría pidió más investigación
Aunque la ESPH presentó argumentos sobre los porcentajes de participación, la CGR no se dio por satisfecha con la interpretación.
Además, se señaló un aumento entre los precios estimados, incialmente calculados en $7,22.
Así, la Contraloría pidió a Justicia realizar un proceso contra la ESPH para determinar eventuales incumplimientos.
El propio Ministerio de Justicia reconoció ante la Contraloría que las estimaciones para las tobilleras presentadas por la ESPH podrían tener cambios (El Observador)
Tobilleras bajo investigación
Tras recibir dos denuncias en el 2018 por aparentes cuestionamientos a la contratación de las tobilleras la Fiscalía abrió el expediente 18-000094-1218-PE.
En la causa se investiga el aparente delito de tráfico de influencias y según confirmó el Ministerio Público tiene como imputados a figuras como:
- Celso Gamboa: exmagistrado
- Víctor Hugo Víquez: exdiputado por Heredia
- Allan Benavides: gerente de la ESPH
- David Rothe: empresario
En la lista de investigados figuran también otros políticos y empresarios pero según la Fiscalía, los nombres se corroboran una vez rendida la declaración inicial.
Larga ruta al monitoreo electrónico
La implementación del monitoreo electrónico se comenzó a gestar durante el Gobierno de Luis Guillermo Solís.
En el 2015, bajo la tutela de Cristina Ramírez como Ministra de Justicia, se lanzó un primer concurso en alianza con el BID.
Al año siguiente, y ya con Cecilia Sánchez -madre del exmagistrado Celso Gamboa- como ministra, se decidió ejecutar el plan con recursos del presupuesto nacional.
Para la contratación se presentaron dos entes públicos: Radiográfica Costarricense (Racsa) y la ESPH. Esta última resultó ganadora pero tenía que subcontratar parte del servicio.
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A partir de ese momento diversos cuestionamientos políticos -como el del exdiputado Mario Redondo- y jurídicos -las denuncias en Fiscalía-, criticaron la designación.
El expediente se ha engrosado con diferentes diligencias, entre ellas una revisión de conversaciones de WhatsApp donde según el OIJ se evidenciaba una “red” para el impulso de las contrataciones.
La revisión se oficializó en el informe 026-SADEF-CI-2020 de la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros. En ella se cuestionaban los acercamientos hechos con la entonces Ministra Sánchez por parte de los interesados, usando recursos como la relación filial del exmagistrado Gamboa.
