Christine Jenkins Tanzi
La Contraloría General de la República (CGR) publicó el cartel de contratación para un experto ferroviario, revelando que iniciará una auditoría al proyecto del tren eléctrico.
La Contraloría publicó la solicitud de contratación directa para una “Consultoría de Ingeniero Civil o profesión afín con especialidad en transportes y experiencia ferroviaria” este martes 4 de agosto, a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
“El Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura de la Contraloría General de la República tiene previsto iniciar en julio de 2020 una auditoría de carácter especial sobre la fase de planificación del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área Metropolitana”, se explica en la sección de justificación de la contratación de uno de los documentos.
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En junio, el ente contralor advirtió a los diputados de la Comisión Especial de Infraestructura de la Asamblea Legislativa que las finanzas públicas no están en su mejor momento, para cubrir un subsidio de entre $50 y $150 millones por año que necesitará el denominado “Tren Rápido de Pasajeros” (TRP).
Esa inyección estatal sería para lograr una tarifa “socialmente aceptable”, según Claudia Dobles, Primera Dama de la República. Los diputados analizan el proyecto de ley 21.958, que pretende la aprobación del empréstito por $550 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)-
La persona seleccionada en el proceso de la Contraloría participará en sesiones de asesoría virtuales, que se coordinarán con Josué Calderón y Sofía Delgado, asistente técnico y fiscalizadora respectivamente del Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura.
“Dada la complejidad de este tipo de proyectos, se requiere identificar y analizar los elementos que como mínimo, deben ser considerados en un proyecto de esta naturaleza de acuerdo a la normativa y buenas prácticas que rigen la materia, lo cual amerita contar con el apoyo técnico de un especialista en materia de transportes y con experiencia ferroviaria a fin de fortalecer el proceso de identificación de criterios de auditoría”, explica el cartel de contratación entre los documentos complementarios.
La Contraloría publicó la solicitud de contratación para una consultoría en transportes con experiencia ferroviaria. (Captura de pantalla)
Contrato
La Contraloría tiene un presupuesto estimado para la contratación de ¢8 millones. Sin embargo este sería el monto máximo presupuestado y no implica la obligación de su total ejecución.
El listado de proveedores asignados del concurso menciona solamente a la Fundación Agustín de Betancourt para una contratación directa por escasa cuantía. Sin embargo el concurso se encuentra en el estado de recepción de ofertas con cierre hasta el 7 de agosto a las 3:00 p.m.
El consultor escogido repasará con el equipo de auditoría algunos aspectos de los estudios de preinversión u otros insumos disponibles, incluyendo variables operativas del servicio (modelo de transporte, frecuencia y velocidad de operación, demanda y movilidad, programa de explotación, tarifas) y el trazado y cruces viales y ferroviarios (pasos a nivel y desnivel).
A partir de eso se escogerán algunos aspectos para analizar más detenidamente.
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“El equipo enviará al experto la información para que realice una indagación más detallada, en lo que respecta a experiencias en otros países y la identificación de normativa y buenas prácticas reconocidas internacionalmente sobre esos temas específicos, en las que se definan las variables, nivel de información y profundidad del análisis que deben contemplar y que sirvan de insumo para construir criterios de valoración/evaluación aplicables”, según el documento.
El cronograma preliminar de la consultoría contempla los meses entre setiembre y diciembre 2020.
La labor implica la “revisión, desde el punto de vista de su especialidad, de los borradores de productos que pueda emitir la CGR en función de la auditoría”.
La Primera Dama Claudia Dobles ha sido la impulsora del tren eléctrico. (Presidencia)
¿Y la pandemia?
El Poder Ejecutivo ha presentado el tren eléctrico como una proyecto clave para reducir las emisiones de carbono, proyectando una disminución de 1.800.000 toneladas de dióxido de carbono durante los primeros 30 años de operación.
Sin embargo el ente contralor también reconoció que el proyecto de ley para el préstamo del tren no contempla la crisis fiscal que se vio agravada por la pandemia.
“Resulta necesario para la valoración del presente proyecto de ley, que se analice cualquier posible afectación que pueda provocar al desarrollo del proyecto de TRP la compleja situación fiscal que presenta el país, máxime que en la exposición de motivos del proyecto de ley se indica que el impacto en las finanzas públicas del presente crédito no contempla los efectos derivados de la emergencia causada por la pandemia del COVID-19”, señaló la Contraloría.
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El Gobierno ha resaltado la reducción estimada del 3% al 6% de vehículos en la red vial, lo cual representa 29 millones de viajes menos al año, a partir de la operación del tren.
Además señalan que la no construcción de un tren eléctrico interurbano implica pérdidas económicas anuales por tiempos de viaje y costos de operación que podrían ser de alrededor de $496 millones en 2020, según un estudio del Informe del Estado de la Nación 2018.
Christine Jenkins Tanzi
