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Contratos del ICE con privados por $2.049 millones carecen de justificación documental

Al menos 32 contratos que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suscribió con generadores privados – por un monto estimado…

Por Marco Marín

Tiempo de Lectura: 4 minutos
Contratos del ICE con privados por $2.049 millones carecen de justificación documental
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Al menos 32 contratos que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suscribió con generadores privados – por un monto estimado en $2.049 millones – carecen de evidencia documental que justifique la decisión de firma o renovación.

“19 renovaciones y 11 contratos nuevos (…) y 2 contratos (…), suscritos entre el 2010 y 2018 por el ICE, no consta la evidencia documental con la fundamentación técnica, económica y de oportunidad con base en la cual ese Instituto tomó la decisión de contratar la compra de energía eléctrica”, según la Contraloría General de la República.

El hallazgo cobra más relevancia, pues desde el 2008 la demanda eléctrica del país registra un crecimiento menor al estimado por el ICE en su plan de generación.

La capacidad de generación actual, sumado a los proyectos que comenzarán a operar entre el 2020 y 2026, serán suficiente para abastecer la demanda del país.

Para el ente contralor es preocupante la falta de documentación. El mismo informe reportó errores en la metodología de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), que resultaron en que el ICE pagará $24 millones de más a estos proveedores.

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Generación externa

La presidenta Irene Cañas ha sido crítica de la figura de liquidación para los generadores de energía. Asegura que este tema ha sido interpretado por la opinión pública como otro aumento. (ICE)

El ICE tiene 40 contratos de compra de energía a generadores privados en las dos modalidades permitidas por ley:

  • BOO (Build, own, operate, por sus siglas en inglés)
  • y BOT (Build, own, transfer)

En la primera categoría, el proveedor construye y opera la planta por cuenta propia. Actualmente 33 de los contratos están firmados bajo este tipo. De ellos, dos corresponden a proyectos de biomasa y otros tres no han entrado en funcionamiento.

Por su parte, en la segunda modalidad el operador eventualmente transfiere la planta al ICE. En este momento hay siete contratos en esta línea.

En los próximos ocho años, 19 contratos de la categoría BOO expiran, mientras que dos plantas de la modalidad BOT pasan a manos del ICE.

Para la Contraloría es importante saber “las motivaciones del ICE para la compra de energía a privados, y su gestión durante la operación y transferencia de las plantas BOT”, asegura el informe FOE-AE-IF-00009-2019.

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Plantas ¿en buen estado?

Con respecto a los contratos BOT, la Contraloría aseguró que el ICE “efectúa un débil seguimiento a las plantas de generadores privados” que eventualmente recibirá.

Los contratos BOT son suscritos entre el ICE y los generadores privados por un período de 20 años. Establecen al privado un plazo de tres años para la construcción de la planta y 17 años para su operación comercial.

Luego debe transferir la planta en buen estado, con la expectativa de que sea explotada por el ICE por otro periodo similar. El Instituto debe verificar el buen estado de la planta durante el período de operación comercial.

Sin embargo en 62 informes presentados por estos proveedores faltan entre uno a 10 elementos fundamentales que se deben reportar, según los contratos suscrito.

Además el ICE ha incurrido en fallos al no establecer un lapso de tiempo para la inspección de dichas plantas, por lo que se presentan patrones inconsistentes en las visitas efectuadas.

Por ejemplo una planta en Guanacaste, con nueve años de operar, solo ha recibido una inspección, mientras que otra con dos años de funcionamiento ha sido revisada en tres ocasiones.

También se determinó que el ICE no elaboró los planes de supervisión y matrices de control de cinco de las siete plantas con contratos BOT requeridos entre octubre de 2016 y el 2018.

Esta débil supervisión por parte del ICE “no permite constatar el estado real del mantenimiento de las obras civiles y equipo de las plantas”, explicó la Contraloría.

El ICE cuenta con siete contratos BOT en la fase de operación comercial, con un valor contractual estimado en conjunto de $736 millones. Corresponden a las plantas hidroeléctricas La Joya, El General, Chucás y Torito, y las plantas eólicas Guanacaste, Chiripa y Orosí.

Metodología de la Aresep problemática

La auditoría encontró que “las debilidades de las metodologías definidas por la Aresep y sus desaplicaciones, han propiciado fijaciones tarifarias que rebasan el principio de servicio al costo”.

Entre mayo del 2017 y 2019, el problema con la metodología fomentó el pago adicional de $24 millones a los prestadores del servicio.

“Lo anterior, no solo perjudica los fondos públicos que administra ese Instituto, sino también a los consumidores finales, pues necesariamente esas erogaciones forman parte de la factura eléctrica”, anotó la Contraloría.

El órgano contralor estimó el monto que corresponde a las diferencias tarifarias para los contratos renovados, obteniendo las sumas estimadas giradas de más por compra de energía a privados.

En el 2017, el ICE desembolsó $12,5 millones de más. En el 2018, el sobregiro fue de $6 millones y, a mayo del 2019, se pagaron $5,3 millones por encima de lo que debió.

El principal error que la Contraloría encontró en la metodología de Aresep es que la tarifa calculada, con información de plantas hidroeléctricas en modalidad BOO, fue utilizada para calcular los costos de las plantas eólicas tipo BOO.

Esto hizo que el costo real de 5,8 centavos de dólar por kilovatio (kWh) fuera tasado en 7 centavos por la Aresep.