Josué Alvarado
Será hasta el 25 de junio próximo cuando finalmente se conozca la decisión del equipo interventor de la cooperativa Coopeservidores (también conocida como CS a ahorro y Crédito), cuyo principal objetivo es encontrar una estrategia para disminuir lo más que se pueda los posibles daños a asociados, empresas, otras cooperativas, asociaciones solidaristas y al público en general.
Ayer el Conassif acordó extender el plazo que originalmente culminaba el 13 de junio.
La especialista Karen Vargas Soto, con más de 19 años de experiencia en los sectores solidarista y cooperativo, explicó en una entrevista con El Observador los posibles escenarios que podría enfrentar CS Ahorro y Crédito a partir de la decisión de la interventoría en las próximas semanas.
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Los cuatro escenarios
El Reglamento de mecanismos de resolución de los intermediarios financieros supervisados por la superintendencia general de entidades financieras (Sugef) establece las opciones que pueden ser consideradas por el interventor.
La primera de ellas es que el intermediario financiero supervisado es viable. Esto quiere decir que es posible reestablecer la normalidad en los indicadores financieros mediante distintas estrategias: préstamos de última instancia, capitalización de una parte de los socios o asociados.
También debe demostrar que cuenta con las condiciones de solvencia y liquidez, operativas y de logística para sus actividades a futuro.
En este caso, el plan de regularización es valorado por el interventor y aprobado por los socios o asociados del intermediario financiero (la cooperativa).
La segunda opción es que el intermediario no es viable pero puede preservar funciones o servicios críticos . De ser este el camino, la cooperativa debe tomar acciones para seguir operando con lo fundamental y con ello evitar una mayor afectación a clientes, trabajadores y al público en general.
Este camino busca plantear una salida de menor costo que la liquidación, bajo el principio de menor costo. Para ello se aplican uno o varios mecanismos de resolución.
En este caso se puede tener asistencia del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y de Otros fondos de garantía (OFG).
La tercera opción es que el intermediario financiero no sea viable pero tampoco sea posible ningún mecanismo de resolución. Entonces, el interventor podría recomendar su quiebra, su liquidación inmediata y el pago de los depósitos garantizado por parte del FDG y OFG.
Por último, la interventoría podría concluir que el intermediario supervisado no sea viable, pero debido a su importancia y peso en el Sistema Financiero Nacional se deben valorar otras medidas y así evitar mayores riesgos.
En este caso el interventor recomienda al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (Conassif) valorar una medida consistente con las disposiciones legales y los principios de resolución que permitan causar el mayor daño al sistema como un todo.
Determinar si es un evento sistémico
Vargas explicó que solo existe un riesgo sistémico (es decir, que puede tener repercusiones en el sistema financiero como un efecto dominó) si la entidad involucrada está clasificada como “grande” en sus indicadores. En este caso sería Coopeservidores.
Pero para ella en este caso no solo se debe seguir lo que dice la norma técnica. Desde su perspectiva y si se llegara al escenario más desfavorable el impacto sería muy grande.
“Coopeservidores con 131.500 personas afectadas, que aclaro no serán las únicas pues hay entidades, empresarios, personas que la no devolución del 100% de sus dineros les llevará a la quiebra, esto provocará más desempleo, menos recaudación de impuestos y que esperamos personas no presenten problemas de salud mental o física por el estrés”, señaló.
Vargas dice que las prácticas internacionales relacionadas a la normativa Basilea han sido mejoradas para evitar fallos en el mercado que ya se habían detectado en otras crisis, como la del 2007. En aquel año sí lograron transmitirse a todo el sistema. Por eso, considera que el país debería de apegarse a estas prácticas mejoradas y no solo al reglamento técnico para definir si el riesgo es o no sistemático.
“No se trata de normas técnicas, se trata de cumplir con el objetivo que Basilea persigue internacionalmente”, señala.
Pérdidas antes de la intervención
Los análisis que hizo la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) sugieren que la cooperativa está reportando pérdidas. A esto hay que sumarle las deudas que tiene CS Ahorro y Crédito con otras acreedoras, gastos a los que también habría que hacerle frente en caso de que el negocio sea inviable.
Uno de los hallazgos que motivaron la intervención es que al cierre del 2023 la entidad presentó pérdidas por la suma de ¢26.975 millones. Mientras que para marzo del 2024 ya se alcanzaban pérdidas por ¢5.121,05 millones y para abril habían subido a ¢15.038,86 millones.
El capital social de todos los asociados podría estar en riesgo en caso de tener que hacer frente a estas pérdidas y deudas. Esta es la mensualidad que pagan los asociados para poder ser parte de la cooperativa. Sin embargo, la fórmula incluye muchos más factores que hacen difícil calcularlo con precisión.
Si los fondos fueran insuficientes para pagarle a todas las partes involucradas, se cuenta con la herramienta del Fondo de Garantía de Depósitos, administrado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Cubre depósitos a la vista o a plazo fijo por hasta ¢6 millones.
Vargas explicó que este fondo cubre exclusivamente a aquellos intermediarios financieros supervisados. Es decir, no cubre a personas físicas, asociaciones solidaristas y cooperativas no supervisadas. Tampoco a mutuales ni el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
