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Coordinador de Lanamme queda libre a la espera de que definan si tendrá medidas cautelares

El coordinador del Programa de Infraestructura de Transporte (Pitra), Guillermo Loría, quedó en libertad la tarde de este viernes, mientras…

Por Paulo Villalobos

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Coordinador de Lanamme queda libre a la espera de que definan si tendrá medidas cautelares
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El coordinador del Programa de Infraestructura de Transporte (Pitra), Guillermo Loría, quedó en libertad la tarde de este viernes, mientras el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública resuelve si le impone medidas cautelares o no.

Por medio de un comunicado, el Ministerio Público informó que el órgano jurisdiccional dará el resultado de su deliberación por escrito.

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La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) solicitó que al funcionario se le suspenda de su cargo en el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme-UCR), que se le prohíba acercarse o molestar a testigos de la causa y que se le impida la salida del territorio costarricense.

Debido a que ninguna de estas disposiciones tiene como objetivo la privación de libertad, Loría quedó libre, tras pasar una noche en las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del II Circuito Judicial de San José, con sede en Goicoechea.

El ingeniero es sospechoso de un presunto delito de enriquecimiento ilícito ya que, en apariencia, se habría aprovechado de su puesto para realizar actividades privadas y acrecentar su patrimonio.

Dicha actuación es castigada por el artículo 353 del Código Penal, con entre seis meses y dos años de cárcel.

La tarde del jueves, el funcionario fue detenido durante el último de seis allanamientos que dirigió el órgano acusador en coordinación con la Policía Judicial. Estas diligencias se realizaron en las oficinas del Laboratorio y en la vivienda de Loría, en Cartago.

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En el caso además figura la asistente del coordinador, Grettel Rojas, contra quien no se solicitaron medidas cautelares. Esta otra trabajadora habría utilizado equipos públicos para llevar a cabo asuntos propios.

Los hechos aparentemente irregulares fueron detectados por los controles internos de la institución. De ahí, el caso fue trasladado a la Contraloría de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de ahí al Ministerio Público.

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