Esteban Mata
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia allanaron el camino para el proyecto de ley que regula huelgas en el sector público, pues al determinar que el texto no afecta las competencias del Poder Judicial, no necesitaría de 38 votos para ser aprobado.
La versión original del proyecto de ley afectaba, a criterio de los magistrados, la administración y funcionamiento del Poder Judicial, por lo que se requerían 38 votos para su aprobación, en caso de que no se modificara el texto.
Esto obligó a los diputados de la Comisión Especial de Huelgas del Congreso, a eliminar y modificar artículos relacionados con las notificaciones y procesos judiciales, de manera que no se afectara la actual tramitación de estos juicios.
La reforma de ley, discutida en el expediente 21.049 regula el derecho a huelga; establece límites y plazos para que un movimiento de este tipo sea legal y además, prohíbe las huelgas de carácter político.
Un segundo intento
En este segundo intento, los diputados de la Comisión Especial sobre Huelgas reformaron el texto y lograron la bendición de los magistrados, por lo que el proyecto podrá ser votado por mayoría simple en el plenario legislativo en primer debate, y no requiere el aval de 38 diputados.
“Hace unos meses recibimos la opinión de la Corte en el sentido de que el proyecto afectaba la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Tomamos las observaciones de la Corte con respeto y rigurosidad técnica y corregimos el texto para no causar ninguna afectación”, dijo el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides.
El magistrado de la Sala II de la Corte, Luis Porfirio Sánchez, explicó a los magistrados en la sesión de Corte Plena de la mañana de este lunes que los diputados suprimieron los elementos del proyecto que afectaban la administración y competencias del Poder Judicial, por lo que se le dio luz verde a los diputados para que avencen con el trámite del proyecto.
El diputado por el Frente Amplio, José María Villalta, advirtió que no se debe confundir el visto bueno de los magistrados al proyecto con un aval o un pronunciamiento sobre la validez constitucional de este expediente.
Esto por cuanto la opinión de los magistrados se dio en el marco de las consultas a las diferentes instituciones que hacen los diputados, y no sobre el fondo del proyecto, es decir, sobre su marco de legalidad.
“No es que la Corte apoye por el fondo el proyecto de ley, sino que concluye que el proyecto no afecta su organización o funcionamiento, que es muy diferente a avalar por el fondo el proyecto o decir que es constitucional y acorde a los principios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).
“Esa es una discusión que habrá que dar en la Sala Constitucional, en la OIT y eventualmente en cortes internacionales de derechos humanos”, dijo Villalta.
El visto bueno se da en medio de amenazas sindicales del sector público que preparan movimientos y manifestaciones en contra de los proyectos de ley de ordenamiento del empleo público, recorte de pluses y regulación de huelgas, como es el caso del proyecto 21.049.
“Ese pronunciamiento hay que leerlo con cuidado, porque no equivale a un aval por el fondo al proyecto de ley, sino únicamente al trámite, en cuanto no afecta la organización y el funcionamiento del Poder Judicial”, agregó Villalta.
Esteban Mata
