Paulo Villalobos
La Corte Plena aprobó este jueves un presupuesto para 2020 que excluye la creación de nuevas plazas orientadas a batallar la corrupción.
En cambio, el proyecto de la partida apunta a que se haga un reordenamiento interno del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El presupuesto aprobado por los 21 magistrados presentes en la sesión dispone 12.596 plazas para el 2020, la misma cantidad con la que la Corte Suprema de Justicia contó en 2019. Ello en apego a la regla fiscal, que ajusta los presupuestos de las instituciones a la realidad de las finanzas públicas.
Así las cosas, el Poder Judicial contará con ¢470 mil millones para el año entrante, que representa un 0,6% menos que la partida actual.
El escenario más austero
Los altos jueces se inclinaron por la opción más austera que le planteó la Dirección de Planificación respecto a lucha contra la corrupción.
Esto por cuanto la sección especializada en la materia de la Policía Judicial estará conformada por entre 15 o 18 agentes, provenientes de otras de sus oficinas. Otras dos propuestas sugerían 90 o 54 trabajadores.
“Hemos recibido apoyo de la Corte Plena, el Consejo Superior y la Dirección de Planificación para ajustar la ejecución presupuestaria del Organismo de Investigación Judicial, como tratar de ubicar sobrantes o algún dinero que de pronto podamos redireccionar dentro de las circunstancias y orientaciones que nos ha definido el Ministerio de Hacienda. Con ese dinero, no crearíamos nuevas plazas, sino fortalecer algunos equipos de trabajo que tenemos a efectos de poder crear el grupo anticorrupción”, dijo Walter Espinoza, director del Organismo.
De acuerdo con la cabeza de la Policía Judicial, la unidad comenzaría a funcionar entre julio y agosto próximo.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), por su parte, no tendrá cambios. Lo anterior pese a que el 30 de mayo anterior, la jefa del Ministerio Público, Emilia Navas, afirmó que actualmente carecen de músculo para atender los casos de corrupción.
Hoy en día, solo en San José, se atienden unos 100 casos por este tipo de delitos.
Requerimiento para leyes
Tras la discusión del presupuesto, la jerarquía de la Corte acordó remitir al Ministerio de Hacienda una propuesta de requerimientos para cumplir con la implementación de cinco leyes.
Estas son las de Bienestar Animal, Acceso a Pueblos Indígenas, Justicia Restaurativa, Reforma Agraria y Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado. Todas esas legislaciones fueron recientemente aprobadas por la Asamblea Legislativa sin contenido presupuestario.
La partida acordada por los magistrados está dirigida a financiar a la judicatura, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, la Defensa Pública, la Escuela Judicial, el Programa de Protección de Víctimas y Testigos, y el ámbito administrativo.
La formulación del anteproyecto de presupuesto corresponde en primera instancia al Consejo Superior, con el apoyo de los órganos técnicos. Su aprobación compete a la Corte Plena, según lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El acuerdo ahora se remitirá al Ministerio de Hacienda el 14 de junio.
Paulo Villalobos
