Tomás Gómez
Los roces entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua siguen complicándose.
Luego de varios cuestionamientos y de que el régimen sandinista dejara plantada a la Corte en una audiencia a la que se le convocó hace dos semanas, los altos jueces ahora exigen que se informe antes del 24 de setiembre si se permitirá una visita de campo para evaluar las condiciones en que están los presos políticos, cuya lista sigue creciendo.
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“Este Tribunal manifiesta su disposición para realizar una visita in situ a Nicaragua, previa anuencia del Estado; a fin de verificar la situación de las personas detenidas”, indicó la Corte IDH.
La delegación estaría compuesta por al menos un juez. Su principal labor sería la verificación de las condiciones en que están los detenidos y realizar exámenes médicos independientes a los afectados.
El Gobierno sandinista no ha dado respuesta a la petición.
Corte amplía medidas de protección
En la misma resolución, la Corte IDH pide la liberación inmediata de los detenidos por motivos políticos en Nicaragua.
Además exige procesos penales justos y que se informe a los familiares de la situación real de los presos y las condiciones en que los tienen.
Específicamente, la Corte sigue los casos de:
- Lesther Lenin Alemán Alfaro: dirigente estudiantil
- Freddy Alberto Navas López: Movimiento Campesino
- Daisy Tamara Dávila Rivas: política y activista feminista
- Juan Sebastián Chamorro García: precandidato presidencial
- José Adán Aguerri Chamorro: líder empresarial
- Félix Alejandro Maradiaga Blandón: exministro y precandidato presidencial
- Violeta Mercedes Granera Padilla: política y aspirante a la vicepresidencia
Tensión en punto máximo a dos meses de elecciones
El clima político de Nicaragua, tenso desde las protestas desde el 2018, se enturbió aún más con la cercanía de elecciones.
La cita está prevista para noviembre. El presidente Daniel Ortega busca un cuarto mandato y para ello ya ratificó su candidatura junto con su esposa, Rosario Murillo.
Para allanarle el camino, el régimen sandinista preparó varias leyes para perseguir a la oposición y reducir sus opciones electorales.
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En los últimos tres meses se han dado varias olas de detenciones. Estas abarcan a políticos, dirigentes estudiantiles, activistas y empresarios opositores.
De manera genérica, la Fiscalía sandinista ha denunciado a decenas de personas de “traición a la patria”, con lo cual generan procesos judiciales y retenciones irregulares. Además, se han generado investigaciones por supuestos delitos económicos.
El escritor Sergio Ramírez, quien antes fue vicepresidente de Daniel Ortega, ahora es la víctima más reciente de su persecución política al ser acusado de traición y ordenarse su detención (AFP)
