Manuel Sancho
Durante más de 40 años, Costa Rica ha tenido normativas que permitieron el “regalo” del recurso atunero, así como una floja medición del producto que sacan las embarcaciones internacionales, que son quienes más explotaron este valioso bien. La situación apenas empieza a cambiar con un decreto que tuvo que ser corregido por el Gobierno, y tras procesos judiciales que condenaron a las autoridades.
Aún así, el país está lejos de aprovechar este recurso pesquero con métodos más sofisticados como subastas para la flota internacional de cerco; subastas para la flota palangrera nacional; y el aprovechamiento de las cuotas de acarreo permitidas por el organismo competente, la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT).
Y el estímulo es importante. Entre 2010 y 2020, el Estado, en las manos del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) – el 20% – pero sobre todo universidades públicas y otros entes, recibió más de ¢2.616 millones por venta de licencias a embarcaciones de pesca atuneras extranjeras. Sin embargo por licencias regaladas dejó de percibir más de ¢706 millones.
La Ley definió que los fondos se distribuyan entre la Universidad de Costa Rica (25%), la Universidad Nacional (25%), colegios universitarios con sede en Limón (10%) y con sede en Guanacaste (10%), Guardacostas (10%) y el Incopesca (20%).
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Modelo de privilegios
El atún se compra a precios estratosféricos en el mundo. La corporación japonesa Kiyomura compró esta pieza de 276 kilos por $1,8 millones en subasta en enero del 2020. (AFP)
Desde 1975, el país comenzó a aplicar la llamada Ley Ferreto (por el diputado Arnoldo Ferreto) la cual estableció un “permiso de viaje” para que la embarcación pescara durante 60 días, cobrando de acuerdo con la capacidad del barco (midiendo en tonelada neta de registro (TNR)).
La normativa creó tres serios problemas. Por un lado la medición: se definió una unidad basada en el sistema Moorsom, que contempla el tonelaje bruto de la embarcación. Esta es una medida imprecisa pues se puede variar la capacidad registrada del barco. Así es como el país cobraba a empresas según números, que ni siquiera son los registrados ante las autoridades internacionales.
“Los datos de 24 embarcaciones extranjeras registradas en el 2014 para pescar atún en aguas de Costa Rica muestran esa diferencia. La capacidad de almacenamiento promedio de esos barcos según la CIAT es de 1.352,9 t. Sin embargo, según el registro costarricense ese promedio es de apenas 387,2 t.“, detalló un estudio de Fundación MarViva del 2017.
“El uso de la tonelada Moorsom reduce dramáticamente la capacidad registrada de la embarcación (si se calculara en metros cúbicos) y por ende, los ingresos por concepto de cobro de licencia que recibe el país. De esta manera, el país recibe un pago promedio de $54 por cada una de las 387,2 t, cuando debería estar recibiendo $54 por cada una de las 1.352,9 t reales. Con la unidad de medida utilizada por Costa Rica, el país recibe un pago 3,5 veces menor al que debería recibir por las toneladas reales”, alertó la investigación.
El segundo problema es que tanto en la Ley Ferreto como en la de Pesca y Acuicultura, se le otorgó a los barcos atuneros con red de cerco el privilegio de ver la licencia renovada de forma gratuita, si descargaban la captura en suelo nacional a compañías enlatadoras o procesadoras.
Y en tercer lugar, el canon único de $54 por tonelada neta de registro – definida desde 1990 – se mantuvo invariable por tres décadas. “El impacto en las finanzas públicas es impresionante. El precio promedio del atún descargado en el 2015 fue de $1.894 por tonelada métrica (t), mientras que el monto recibido por el país fue de $54 por TNR (tonelada Moorsom). Si convertimos las toneladas Moorsom a toneladas métricas se puede estimar que el país recibió unos $19 por cada tonelada métrica“, señaló MarViva.
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Cambios hasta el 2020, Gobierno patinó con decreto
El repaso histórico es necesario para entender el lento avance del país. Fue el Tribunal Contencioso Administrativo, tras una demanda de José María Villalta, quien obligó a finales del 2018 al Estado a cambiar su práctica. El Gobierno de Carlos Alvarado intentó acatar con el Decreto Ejecutivo 41635, el cual creó una nueva fórmula de cobro.
Ese decreto contempló la figura de subasta. Pero el Poder Ejecutivo erró y debió generar otro decreto, el 42181 de febrero de este año, el cual elimina la posibilidad de la subasta pública, que dejaría más recursos al país. El Incopesca – que ya vivió un cambio de presidencia con la salida de Moisés Mug – justificó que era necesario para poner en práctica la nueva metodología. El nuevo acuerdo fijó en $47.400 el costo de las licencias.
El presidente de Incopesca, Daniel Carrasco, afirmó que la subasta hoy es imposible pues se requieren reformas legales e inversiones.
Conforme con la nueva metodología, el Incopesca le apuesta al proyecto de ley 21.316, el cual reforma la normativa y define mayores restricciones para la pesca de atún, al tiempo que elimina la renovación gratuita de licencias. “Retomaríamos el control (…) el producto estrella nuestra es el atún”, promete Carrasco.
El jerarca defendió el progreso con la nueva fórmula, que permitirá un volumen óptimo de captura por año de 8.586 toneladas métricas de atún aleta amarilla en la Zona Económica Exclusiva (ZEE).
Aunque se eliminó la subasta, el sector palangrero presentó una denuncia penal contra las autoridades por el decreto. Además reclaman por la caída de ingresos por licencias en los últimos años.
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Necesidad de invertir en flota local
El director de Fundación MarViva, Jorge Jiménez, aseguró que aún no hay cambios efectivos en la práctica, en el mar, si bien se han venido reduciendo las licencias y la pesca. La organización ha urgido a fortalecer la flota palangrera nacional, que con barcos menos potentes se queda con el 5% del atún capturado en aguas ticas.
Jiménez destacó que si bien ya no se regalen las licencias, el país tampoco se beneficia del recurso. El experto explicó que el esquema de captura de los palangreros y el de mercadeo sigue siendo primitivo, por lo que no se magnifican los potenciales del atún.
También existe la posibilidad de realizar subastas de atún capturado por la flota palangrera. Jiménez enfatizó en que aseguraría un precio más alto al pescador. Eso sí, se necesitan elementos mínimos de infraestructura para mantener el pescado; y de mercadeo que para que múltiples compradores están presentes en el sitio. Es imprescindible tener un sistema digital controlado.
En plena pandemia, el Incopesca pide la aprobación de un préstamo del Banco Mundial por más de $75 millones para fortalecer la entidad y la gestión de atún. Estos recursos podrían cambiar la cara, pero aún debe aprobarse en el Congreso y ni hay plan de ejecución.
Además de la captura, al ser parte de la CIAT, el país cuenta con el derecho de una “asignación de cuota”, un permiso para extraer un volumen adicional de atún en aguas internacionales. La cuota de acarreo de Costa Rica es de 9.364 metros cúbicos. No es un máximo para extraer, sino para transportar, sea con flota extranjera o nacional.
“Un barco autorizado por Costa Rica por un total de 1.000 t, puede pescar esas 1.000 t cuantas veces pueda, durante el período de un año que dura su contrato. (…) Al no tener barcos, Costa Rica contrata la entrega de esta autorización a la flota internacional. Esta situación es muy bien recibida en el exterior”, explicó MarViva en su estudio.
Además la organización estimó que si esos 9.364 m³ se vendieran a la cifra definida por Costa Rica – $150 por metro – los ingresos anuales de Incopesca serían de más de $1.404.900.
El presidente de Incopesca, Daniel Carrasco, dijo que se debe explorar la explotación de la cuota; al tiempo que se hacen los ajustes para aplicar – en un futuro lejano – la subasta local o internacional.
Manuel Sancho
