Tomás Gómez
El Gobierno de Costa Rica exigió una vez más a Nicaragua el respeto de las garantías democráticas para garantizar el derecho de participación en las próximas elecciones.
La Cancillería envió el mensaje tras la detención del aspirante opositor Juan Sebastián Chamorro, el último de cuatro detenciones ocurridas en cuestión de días.
Chamorro García -primo de otra precandidata arrestada, Cristiana Chamorro Barrios-, ocurrió bajo cargos de “incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos”.
También por “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo”, entre otros, según nota de prensa de la Policía Nacional.
“Costa Rica llama la atención sobre la obligación existente de respetar todos los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos. Y se detenga toda acción tendente a obstaculizar el ejercicio democrático”, indica el mensaje diplomático.
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La postura es la misma emitida tras la detención de Cristiana, Félix Maradiaga y el diplomático Arturo José Cruz.
Todos ellos fueron detenidos por el régimen de Daniel Ortega tras anunciar sus intenciones de competir por la presidencia del país vecino en noviembre próximo.
“Costa Rica reitera con firmeza la obligación de que se respeten los derechos humanos y se detenga toda medida que obstaculice un ejercicio democrático para la realización de elecciones justas, libres, creíbles e inclusivas”, sentenció Relaciones Exteriores más temprano esta semana.
Felix Maradiaga promovía su precandidatura por la presidencia de Nicaragua desde la Alianza Nacional Azul y Blanco pero quedó detenido por el gobierno actual (AFP)
Oposición contra un cuarto gobierno de Ortega
Según el cronograma electoral, Nicaragua debe celebrar elecciones el 7 de noviembre próximo.
Estas serán las primeras votaciones desde el estallido social del 2018 contra el régimen de Daniel Ortega.
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Este último, por su parte, busca un cuarto período, cuestionado por la validez legal de sus reelecciones.
De cara a la campaña han surgido diferentes leyes que favorecen la represión policial, así como el control del Gobierno sobre la oposición. Las regulaciones van desde limitación a las reuniones hasta limitaciones al financiamiento.
Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios fue procesada por el régimen orteguista. Incluso Estados Unidos pidió su liberación a Nicaragua (AFP)
