Krissia Morris Gray
El hecho de que las autoridades del Poder Ejecutivo retrasen el despliegue e implementación de la tecnología 5G, puede generar pérdidas económicas al país de hasta $7.364 millones.
Dichas pérdidas cuantiosas se estimaron para un periodo de uno a cuatro años.
La situación fue alertada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
La llamada de atención está contenida tanto en el dictamen 09509-Sutel-DGC-2021, de la Dirección General de Calidad, emitido el 8 de octubre anterior, así como en la comunicación del secretario del Consejo de dicha superintendencia, en el documento 10214-Sutel-SCS-2021, del 1° de noviembre del 2021.
En ambos documentos, se insta al Micitt proceder a la recuperación de las frecuencias del espectro radioeléctrico necesarias para la implementación de la tecnología 5G, a las cuales el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no le está dando un uso eficiente o las tiene subutilizadas, a criterio de la superintendencia.
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Competitividad y usuarios afectados
Se trata de las bandas de las frecuencias: 1400 MHz, 2600 MHz, 3500 MHz y 26 GHz.
Para Sutel, el hecho de que el Poder Ejecutivo no ofrezca al mercado, en el momento oportuno el espectro esencial para el despliegue de redes de Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT, por sus siglas en inglés) supone una afectación a la competitividad del mercado y a los usuarios finales.
“Que verán demorado el acceso a más y mejores servicios de telecomunicaciones y a los beneficios que esta nueva tecnología acarrea, daño que se ha estimado en un impacto negativo en el PIB, siendo que un retraso de 1 a 4 años puede traducirse en pérdidas de 4.582 a 7.364 millones USD para la economía costarricense”, reconfirmó Sutel en ambos documentos antes mencionados.
Para el 2021, Sutel estima que el país dejó de percibir $321 millones por no contar con las frecuencias para el desarrollo de la tecnología 5G.
No cabe indemnización
Además, la Sutel reiteró al Micitt que, debido a que el ICE hace un uso ineficiente de esas frecuencias asignadas, se debe proceder a la recuperación de las mismas y que no se deberá indemnizar al instituto por estas.
La instancia técnica basó la recomendación en lo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) que varios incisos del artículo 22 establecen, entre otros, que:
- Se puede revocar el contrato de concesión cuando el concesionario hace un uso ineficiente del bien, así como cuando se da un incumplimiento de condiciones y obligaciones establecidas
- Al tiempo, se podrá extinguir la concesión, la autorización o el permiso a fin de rescatar las frecuencias a causa del interés público
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El ICE recibió esas frecuencias años atrás, cuando el mercado imperante era el monopolio de las telecomunicaciones y no había otros actores u operadores.
“Cuando se identifica que el recurso asignado, por distintos motivos no se ajustan a lo
dispuesto en la legislación vigente, el Poder Ejecutivo debe ejercer sus potestades de
imperio y proceder como en derecho corresponda para ofrecer este espectro al mercado con el fin de asegurar el uso y asignación eficiente del recurso, en línea con los demás principios y objetivos definidos en materia de espectro radioeléctrico”, reafirmó Sutel.
Más y mejores servicios
A lo largo del estudio técnico, Sutel reafirma que las bandas de 2600 MHz y 3500 MHz son las que cuentan con mayor cantidad de despliegues de redes 5G alrededor del mundo.
Además, que son las frecuencias con mayor cantidad de dispositivos comerciales disponibles, por lo cual, deben recuperarse para disponerse al mercado para que los usuarios finales accedan a más y mejores servicios.
Aseveró, también que el impacto social positivo de la tecnología 5G se dará de manera directa e indirecta y que se visualizará en 15 de las 17 áreas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de las Naciones Unidas.
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Decisiones inmediatas
Consultado al respecto, Luis Adrián Salazar, exministro de Micitt argumentó que a la luz del informe de Sutel es necesario que las autoridades del Ejecutivo tomen decisiones de manera inmediata.
“No sé si es por un tema de desidia o por desconocimiento, pero considero que, desde todo punto de vista, no es responsable el no avanzar hacia la recuperación de las frecuencias de 2.6 MHz y 3.5 MHz que no se estén utilizando”, aseveró Salazar.
Defendió que las condiciones de competencia deben ser igual para los distintos proveedores de telecomunicaciones.
Fue claro que es necesario que el ICE avance y se empodere en dar el servicio de 5G, pero también apeló en que “es necesario que dejemos de patear la bola hacia el frente, pues es demasiado el tiempo perdido y el no tomar decisiones causan retrasos significativos”.
Llamó la atención que recientemente, República Dominicana adjudicó segmentos de 5G y que otros países avanzan en esa línea, con miras a la economía digital y al conocimiento.
“Con 5G estamos hablando de internet de las cosas. De la posibilidad de potenciar la economía de la inteligencia de las cosas.
“Pricewaterhouse habla de que va a haber un crecimiento, aproximado de un 14% del Producto Interno Bruto (PIB) global en temas de investigación e inteligencia artificial, estamos hablando de soluciones para los cultivos, de salud, de seguridad y otros. Es un elemento que favorecerá la industria y a las personas”, reseñó Salazar.
Debido proceso
Al respecto, Paola Vega, titular del Micitt, sostuvo que desde junio anterior instruyó el inicio de los trámites de recuperación de las frecuencias 5G concesionadas al ICE.
Apuntó que para esto se sigue el debido proceso, de acuerdo a la información disponible, así como las consideraciones técnicas y legales correspondientes.
“Los detalles de lo actuado serán comunicados en el momento oportuno, con el fin de no viciar las gestiones. Hacemos un llamado a respetar y confiar en el ordenamiento costarricense, así como en el accionar de Micitt y el Poder Ejecutivo para lograr esta recuperación”, indica el Micitt, mediante comunicado de prensa.
Krissia Morris Gray
