Paula Ruiz
Costa Rica externó su preocupación por los hechos sucedidos en El Salvador tras la decisión legislativa de destituir a magistrados y fiscal general previamente criticados por el mandatario Nayib Bukele.
Este sábado, en el país centroamericano, el Congreso afín a Bukele, destituyó a los jueces por decisiones “arbitrarias” y al fiscal Raúl Melara por considerarlo cercano a la oposición.
“Costa Rica, fiel a su tradición de respeto de las instituciones democráticas, sigue con mucha atención los acontecimientos en El Salvador, y expresa su preocupación por los hechos registrados en las últimas horas”, indicó Cancillería.
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A través de un comunicado, el ente diplomático costarricense, expresó la importancia de la división de poderes para el funcionamiento efectivo de la democracia.
“En ese contexto, Costa Rica exhorta a que se garantice el respeto de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho de El Salvador, mediante el diálogo amplio y transparente entre todos los actores”, agregó Cancillería.
De esta forma, nuestro país se sumó a países como Estados Unidos desde donde hay preocupación por lo sucedido.
La cadena internacional AFP informó que a través de unaconversación telefónica, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, mostró a Bukele su preocupación lo sucedido y le señaló que “un poder judicial independiente es esencial para la gobernanza democrática”, dijo el portavoz del departamento de Estado, Ned Price.
PLN lo considera despotismo
Desde la Asamblea Legislativa, María José Corrales, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), también criticó la decisión de sus colegas salvadoreños.
“La democracia se honra y se defiende. Los acontecimientos de las últimas horas en El Salvador son signos del despotismo que pueden acabar con la institucionalidad democrática”, externó.
A su criterio, la comunidad internacional no debe de permitir este tipo de actos impulsados por Bukele y por tanto, se debe de respetar esa separación de Poderes.
“Y evitar a toda costa el autoritarismo que pueda conducir a una debacle de la paz social en esta nación centroamericana”, agregó la liberacionista.
“No es de su incumbencia”
Por medio de un tuit, como es habitual desde que asumió la presidencia, Bukele desafió a la comunidad internacional.
El mandatario reiteró que está dispuesto a seguir trabajando con la comunidad internacional, pero les pidió mantenerse al margen. “Estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia”, aseguró.
A nuestros amigos de la Comunidad Internacional:
Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos.
Nuestras puertas están más abiertas que nunca.
Pero con todo respeto:
Estamos limpiando nuestra casa.
…y eso no es de su incumbencia.
— Nayib Bukele ?? (@nayibbukele) May 2, 2021
Bukele ha librado una batalla contra la ahora saliente Sala de lo Constitucional. Esta le bloqueó al menos 15 normas relacionadas con el manejo de la pandemia a mediados del 2020, la mayoría sobre regímenes de excepción. El tribunal consideró que vulneraba derechos fundamentales de la ciudadanía.
En ese momento, el mandatario aseguró que la sala le había “quitado atribuciones para luchar contra la pandemia” de covid-19 y para cuidar de la vida de sus compatriotas.
La Sala de lo Constitucional es una de las cuatro salas que componen la Corte Suprema. Su misión es resolver demandas de inconstitucionalidad, hábeas corpus y controversias entre los poderes del Estado.
Sus actuales miembros habían sido designados por el Parlamento saliente, controlado por la oposición a Bukele. La Constitución también permite al Parlamento destituirlos “por causas específicas, previamente establecidas por la ley”.
“Existen claras evidencias de que los magistrados actuales no reúnen los méritos para un rol tan fundamental”; dijo el diputado del oficialista Nuevas Ideas (NI), Caleb Navarro. Consideró que removerlos era una medida de protección para la población.
“Es evidente que los miembros de este tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador, que necesita a funcionarios más conscientes, más apegados a la protección de la vida de las personas. Sin la vida no existen demás derechos constitucionales”, consideró la legisladora Suecy Callejas, también de NI.
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