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Costa Rica es oficialmente miembro número 38 de la OCDE

El Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, dio la bienvenida oficial…

Por Tomás Gómez

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Costa Rica es oficialmente miembro número 38 de la OCDE
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El Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, dio la bienvenida oficial a Costa Rica, que será el miembro 38 del grupo.

“Es un honor contar con Costa Rica como nuevo socio de la organización y hago votos para que esta fructífera relación, continúe se fortaleza en los años por venir en beneficios de todas y todos los costarricenses”, mencionó Gurría.

Con ello, Costa Rica se convierte en apenas el cuarto país latinoamericano en lograr la incorporación. Solo México, Chile y Colombia se le habían adelantado.

Gurría destacó que la llegada del país ayudará a la Organización a tener un acercamiento y entendimiento diferentes con la región. Además, celebró que el proceso ha motivado a que Argentina, Brasil y Perú también hayan empezado su ruta de incorporación.

El alto representante advirtió, eso sí, que Costa Rica enfrentará ahora la agenda “post-adhesión”. En ella se estarán auditando los compromisos de mejora adquiridos por el país y dando el acompañamiento respectivo.

Entre otros temas, mencionó medio ambiente, pesca, productos químicos, gobernanza pública y competencia.

“La única manera de enfrentar nuestros desafíos es la cooperación multilateral”, concluyó.

En el mismo acto, el presidente Carlos Alvarado y el Ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano, celebraron el logro del proceso arrancado en la Administración de Laura Chinchilla.

Según destacaron la incorporación a la OCDE da señales internas pero también al exterior, sobre todo para la atracción de inversiones.

Larga ruta para entrar al “Club de Buenas Prácticas”

Las gestiones formales de incorporación la OCDE arrancadas hace casi una década pasaron por una serie de reformas legales sin precedentes en el país.

Se debieron aprobar 14 leyes, las cuales fueron auditadas por 22 comités de la Organización hasta dar el visto bueno.

El 15 de mayo del 2020, el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, notificó la admisión del país.

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A partir de ahí se arrancó con la etapa local. En primer término se dio primer debate en la Asamblea Legislativa y luego se pasó al control de la Sala Constitucional, donde el proyecto obtuvo el aval necesario.

Luego estaba pendiente la votación definitiva en el Congreso. El trámite se fue atrasando entre casos de covid-19, negociaciones del 1° de mayo y el debate de Empleo Público.

Finalmente se aprobó todo el protocolo de admisión a OCDE la semana anterior y se dio la firma del Gobierno, para completar ahora los trámites en Francia, sede de la OCDE.

¿Qué es la OCDE?

La OCDE fue fundada en 1961 y reúne a los países con más desarrollo en materia de gestión económica y social. Se encarga de estandarizar las buenas prácticas en gestión pública mediante la generación de protocolos y la auditoría de sus miembros.

El grupo ofrece más de 300 comités asesores que dan acompañamiento a la gestión de políticas públicas.

Cada dos años, los miembros de la OCDE se someten a una evaluación, para identificar necesidades de ajustes y áreas de mejora en las políticas económicas y sociales.

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Algunas de las ventajas de ingresar a la Organización se relacionan con altos estándares en las políticas públicas, así como en la búsqueda de soluciones a problemas comunes, como:

  • acceso a las mejores recomendaciones y red de expertos en temas de interés para el país
  • acceso a los estudios de la OCDE, que contribuirían al debate político nacional
  • absorber enseñanzas de los países miembros en materia económica y ambiental
  • estrechamiento de las relaciones internacionales y de mercados con los países de la OCDE
  • mejora de estadísticas económicas, eficiencia de mercados y atracción de inversión

La adopción de las medidas internacionales establecidas por la OCDE podrían, a mediano plazo, colaborar a reformar el Estado y su administración, lo que contribuiría a mejorar la competitividad económica.