Tomás Gómez
El caos político que aún afecta a Nicaragua cumple 20 meses sin que la solución se vislumbre.
En medio de diálogos fallidos, el régimen de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, sigue sosteniéndose ante una oposición que continúa denunciando atropellos y falta de democracia.
Los acontecimientos del país vecino dejan efectos sociales y económicos que repercuten en Costa Rica, quien buscará soluciones en la diplomacia.
“La situación política de violaciones a las libertades continúa”, mencionó el presidente Carlos Alvarado en su último contacto con la prensa del 2019.
El mandatario comentó que del caso nicaragüense no se habla tanto en la región, “porque la atención está particularmente en Venezuela”.
En contraposición a la crisis, Alvarado adelantó que se seguirán buscando soluciones de Derecho Internacional para atender el problema y para buscar fondos que permitan atender a los migrantes que llegan al país, como consecuencia de las amenazas que enfrentan en suelo nicaragüense.
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Casi dos años en problemas
Desde abril del 2018, Nicaragua se encuentra sumergida en una crisis social, desatada cuando el gobierno de Daniel Ortega intentó reformar el sistema de seguridad social.
A partir de ahí comenzó una serie de protestas, que se calcula ha dejado más de 400 fallecidos y según Amnistía Internacional, unos 80.000 ciudadanos han debido salir del país.
Pese a los intentos de diálogo promovidos por entes como la Iglesia Católica o la Organización de Estados Americanos (OEA) para mantener diálogos entre el régimen orteguista y la oposición, los esfuerzos han sido infructuosos.
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El reflejo de la crisis en Costa Rica
La ola migratoria generada por la crisis, ha tenido como principal destino a Costa Rica, donde se registra un crecimiento exponencial en las solicitudes de refugio.
El Observador dio a conocer recientemente que los pedidos de protección pasaron de 2.198 en el 2015 a 34.446 en 2019.
En dichas cifras la población nicaragüense registra un importante peso, que se multiplicó a partir del estallido social.
De 63 pedidos en el 2017, el número se infló a 23.153 en el 2018 y más de 27.000 hasta noviembre del 2019.
El tema ha encendido alarmas en el Poder Ejecutivo, quien busca cooperación internacional para atender la crisis y garantizar la atención mínima a quienes llegan a territorio nacional.
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