Tomás Gómez
Mientras los Concejos Municipales debaten el futuro de los salarios de los alcaldes suspendidos por la Operación Diamante, la Contraloría insiste en que es claro que se deben suspender los pagos.
Así consta en el pronunciamiento DJ-1836-2021, enviado el lunes a los ayuntamientos implicados en el caso.
“Si existe un impedimento que es ajeno tanto a la voluntad del trabajador como a la del patrono, por el cual el trabajador no puede cumplir su obligación, la relación laboral se suspende, tal y como lo dispone el numeral 78 del Código de Trabajo, sin responsabilidad para ninguna de las partes, de manera que tampoco está el patrono obligado a pagar el salario”, afirma el análisis firmado por la División Jurídica.
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A ello se sumó un pronunciamiento anterior donde se afirma que “no le corresponde el pago de salario a aquel funcionario que le hayan sido impuestas por el juez penal medidas cautelares, aunque no se trate de la privativa de libertad, si con ellas, se le imposibilita asistir al trabajo”.
La Contraloría señaló que estas son líneas generales que cada municipio deberá tomar en cuenta al analizar el caso de sus cabezas.
Algunos alcaldes renuncian al salario y otros se aferran
La llamada Operación Diamante estalló la semana pasada con una serie de allanamientos por supuestas irregularidades en obras públicas municipales.
Por ese hecho fueron detenidos los alcaldes:
- Johnny Araya, San José
- Mario Redondo, Cartago
- Humberto Soto, Alajuela
- Arnoldo Barahona, Escazú
- Alfredo Córdoba, San Carlos
- Alberto Cole, Osa
Contra todos se impuso el viernes una suspensión de 6 meses, medida que apelaron de inmediato.
Ahora, cada concejo determinará si mantiene o quita el salario en ese plazo, lo que no ha estado exento de polémicas.
En San José y Escazú no se verá el tema hasta que las apelaciones queden en firme, mientras que en Cartago y Alajuela está pendiente ver el tema.
Los alcaldes de San Carlos y Osa, por su parte, renunciaron al pago mientras avanza la investigación.
