Christine Jenkins Tanzi
Parte del compromiso de la creación del Bono Proteger es que la información recopilada de las personas no podría ser utilizada para cobrarles impuestos o cotizaciones sociales incumplidas. Así lo explicó Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
“La información brindada no puede ser utilizada para perseguir, castigar o cobrar a los solicitantes y así lo hemos hecho saber a la opinión pública”, dijo el martes ante una consulta.
Los comentarios del presidente Carlos Alvarado durante el informe de labores del lunes pasado generaron preocupación sobre el destino los datos, pues se podrían usar para identificar a trabajadores informales o independientes que no cotizan para el seguro de la salud o la pensión básica.
“Una enseñanza de lo alcanzado respecto al Bono Proteger es que hoy tenemos la capacidad técnica y de análisis de datos para identificar a todas las personas en condición de pobreza, o de informalidad, o que sufren una fuerte caída en su ingreso”, dijo Alvarado en su discurso ante la Asamblea Legislativa.
“Con el esfuerzo del Bono Proteger hemos identificado más de 320.000 personas entre cuenta propia o informal. Una de las tareas de la reconstrucción por delante es transformar y mejorar esta realidad”, agregó.
Bermudez respondió que el cruce de datos se puede usar para política publica pero no para perseguir a nadie, dado que el fin de la información que brindan los solicitantes es para el trámite del beneficio.
“La información estadística agregada es muy valiosa primero para estimar en el corto plazo el impacto real de la pandemia sobre el mercado de trabajo, tanto en la dimensión formal e informal, pero también se vuelve de valor público para el diseño de políticas dirigidas a la fase de la recuperación y reactivación económica con enfoque territorial en el mediano y largo plazo”, comentó.
“Para romper esas brechas y barreras hay que tener claro cuál es el perfil de esa población, cuáles son las actividades que desarrollan, y cómo, hacia adelante y no hacia atrás, logramos generar condiciones que permitan su incorporación sostenible al marco de seguridad social”, agregó.
Uso de datos
El decreto de creación del bono establece que solo las dos instituciones pueden usar los datos.
“Los datos brindados por las personas solicitantes del Bono Proteger, en su fase captura, transporte y almacenamiento solo podrán ser utilizados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Mixto de Ayuda Social, para los fines particulares del trámite y otorgamiento del Bono Proteger, bajo los estándares de la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales”, señala el artículo 29 sobre el acceso a la información y procesamiento.
Vivian Gazel, especialista en privacidad y protección de datos de Arias Law, destacó que el primer paso que deben completar los solicitantes es la aceptación del consentimiento informado, en el que destacan cuáles fuentes pueden usarse para verificar sus datos.
“Autorizo para que con esa finalidad se consulte otras fuentes de información institucional, tales como, pero no restringidas a: Sicere (Sistema Centralizado de Recaudación), Sinirube (Sistema Unico de Beneficiarios del Estado), información tributaria, y toda aquella que permita al MTSS determinar mi elegibilidad para el Bono Proteger”, indica el consentimiento.
Gazel explicó que esto autoriza a las instituciones a corroborar los datos del solicitante. Sin embargo sí se establecen límites al uso de la base de datos que se recopila.
“Ellos posiblemente se van a dar cuenta si uno está cotizando menos de lo que dice, por ejemplo sí lo que cotiza en la Caja no se reporta en renta, pero ellos no deberían de transferir esa información”, explicó la abogada.
“El derecho a la intimidad y el procesamiento de datos personales no se debería violar, tendrían que hacerle una reforma al reglamento y volver a solicitar el consentimiento de todas las personas que ya dieron su información”, dijo Gazel.
“Salvo que el sistema de la Caja tenga una alarma de cuáles consultas se realizan por fuera, ellos no deberían de darse cuenta cuales fueron las personas que aplican para el Bono Proteger”, agregó.
OBSERVE MÁS: 130 mil personas han sido despedidas por la pandemia, según cifras del Bono Proteger
Informales
El presidente del IMAS, Juan Luis Bermudez, aclaró que la información recopilada con el Bono Proteger es valiosa para el diseño de nuevas políticas. (Roberto Carlos Sánchez/Presidencia)
Los trabajadores que se consideran afectados por la pandemia y tramitaron la solicitud del Bono alcanzaban un total de 598.554 para el 5 de mayo con:
- 129.652 personas despedidas
- 213.876 trabajadores independientes
- 133.516 temporales o informales
- 71.591 aún empleados con una reducción temporal de jornada
- y 49.919 personas que tuvieron sus contratos suspendidos.
La condición laboral de las personas se usa para determinar el monto del bono, que sería de ¢125.000 para las personas que fueron despedidas, se les suspendió su contrato laboral y para los trabajadores independientes, temporales o informales afectados por la pandemia. Mientras tanto, las personas con jornada reducida de al menos 50% recibirán un monto de ¢62.500.
Según esto, los trabajadores independientes más los informales que han solicitado el bono suman alrededor de 347.000, o un 58% del total.
Sin embargo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) había estimado que el monto total de población con un empleo informal alcanzaba cerca de un millón de personas, o alrededor de un 46,5% del total de personas ocupadas durante el último trimestre del 2019.
El empleo informal comprende a las personas asalariadas que no están inscritas en la seguridad social a través de sus patrones, ayudantes no remunerados, trabajadores por cuenta propia y empleadores que tienen empresas no constituidas en sociedad (es decir, no están inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad y no llevan una contabilidad formal).
Estos datos son parte de la Encuesta Continua de Empleo que se publica cada tres meses. La presentación del dato para el primer trimestre de este año está programada para el jueves 7 de mayo.
OBSERVE MÁS: Plenario autoriza ¢150 mil millones al Gobierno para subsidiar a 400 mil empleados afectados por crisis sanitaria
Christine Jenkins Tanzi
