Paulo Villalobos
La Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (UIF-ICD) tipificó un total de 34 técnicas utilizadas para el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la corrupción internacional. La institución elaboró un estudio, el primero de su tipo y que es de uso reservado.
Lo generó a partir de los reportes de operaciones sospechosas de 2018 y 2019, y las investigaciones hechas en el ámbito nacional y con la cooperación internacional.
El ICD presentó los resultados a los oficiales de cumplimiento de bancos públicos y privados, financieras, mutuales y cooperativas. Pronto se compartirán también a representantes de autoridades e instituciones de investigación y control. El objetivo es fortalecer las medidas para la prevención de estos delitos.
“Se trata de métodos y descripción de técnicas utilizadas por delincuentes y organizaciones criminales para engañar a las autoridades, simulando una actividad comercial como si fuera legal, con el objetivo de movilizar recursos financieros en el sistema económico para que sean mezclados y así evitar su detección por parte de las autoridades”, explicó el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Román Chavarría.
“Su compilación permite a las entidades financieras y a las autoridades investigativas, gestionar acciones preventivas adecuadas y de implementación de un enfoque basado en riesgos para hacer frente al delito de lavado de activos y del financiamiento al terrorismo de una mejor manera”, añadió el jerarca.
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Apuestas y campañas
De acuerdo con un comunicado de prensa de Casa Presidencial, algunas de las descripciones de situaciones de riesgo son:
- Transferencias de efectivo: riesgos del efectivo en grandes volúmenes en divisa extranjera por medio de transferencias del exterior, cuyo origen es desconocido y provienen de otras latitudes
- Apuestas: actividades relacionadas con las apuestas deportivas, cuyos propietarios son extranjeros que se instalan en el país, que pueden estar vinculadas al lavado de dinero y la mafia
- Campañas: riesgos en el financiamiento de los partidos políticos, donde se han identificado posibles ingreso de capital ilícito para financiar campañas y casos de operaciones fraudulentas
- Minoristas: proliferación desmesurada de negocios minoristas con altas sumas de dinero en efectivo y cuyos propietarios son extranjeros
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Además se incluyen seis casos de corrupción internacional, relacionados con investigaciones desarrolladas por la Unidad.
Se trata de requerimientos de información de países. Se detectaron personas que ocuparon altos cargos públicos, las cuales han realizado transacciones financieras internacionales relacionadas con delitos de corrupción investigados por las autoridades.
Asimismo se incorporan señales de alerta sobre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en la función notarial, con el objetivo de que sean utilizadas para complementar normas y controles por parte de intermediarios y la Dirección Nacional de Notariado (DNN), adscrita al Ministerio de Justicia y Paz (MJP).
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Nuevo estudio
El director general del Instituto Costarricense sobre Drogas, Guillermo Araya, durante el V Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, organizado por la Asociación Bancaria Costarricense. (Alejandra Madrigal/ICC Asesores)
El director general del Instituto sobre Drogas, Guillermo Araya, destacó que el estudio aporta al sistema anti-lavado, al poner en evidencia las formas usadas para introducir dinero ilícito a la economía costarricense.
“Se espera que en un corto plazo, nuestra Unidad de Inteligencia Financiera pueda dar a conocer un nuevo documento con otras formas que se han venido identificando en los últimos meses y que deben llamar la atención de los bancos e instituciones financieras, los supervisores y las autoridades investigativas”, señaló el jerarca.
El 1 de octubre anterior, Araya reveló una compilación hecha por la Unidad de Inteligencia, que indica que las entidades financieras alertaron de 1.251 operaciones sospechosas en los años 2017, 2018 y el primer trimestre del 2019.
Hasta ese momento no se tenía contabilizado el monto equivalente a las transacciones sospechosas. Solo el año pasado, la cifra ascendía los $3.700 millones.
Paulo Villalobos
