Tomás Gómez
Más sectores productivos alzan su voz sobre los efectos negativos que traería al país la ratificación del Acuerdo de Escazú, advirtiendo sobre las trabas que vendrían para la reactivación económica.
El turno ahora es de la Cámara Costarricense de la Industria del Plástico (Aciplast) y la Corporación Ganadera (Corfoga), quienes coinciden en las críticas pese a las diferencias de sus actividades.
“A pesar de que el espíritu del Acuerdo tiene buenas intenciones y de que en Aciplast apuntamos a una producción sostenible en principios de Economía Circular; lo cierto es que el Acuerdo en su redacción socava la libre operación y la presunción de inocencia para un actor privado como lo es el sector empresarial, generando gran incertidumbre a nivel jurídico”, afirmó el vocero del gremio, Jaime Cerdas.
OBSERVE MÁS: Acuerdo de Escazú genera rechazo de más sectores productivos en el país
El grupo ganadero, por su parte, fustigó el desequilibrio que se generaría en los procesos legales de regir el Acuerdo de Escazú.
“Los intereses de personas o grupos ambientales son sobrepuestos a los de los demás sectores, creando desigualdad e incluso se les da la potestad de detener cualquier actividad, incluyendo la agropecuaria; así como las mejoras tecnológicas”, manifestó la junta directiva de Corfoga.
“Es un riesgo para el país. Con la pandemia por covid-19 se ha visto la importancia vital de la producción nacional para la seguridad alimenticia”, agregaron.
Tanto Aciplast como Corfoga coincideron también en que el Acuerdo no fue presentado o consultado al sector privado.
Además, fueron duros con los portillos que la norma hace para revertir la carga de la prueba, uno de los puntos que más le han cuestionado.
Acuerdo no deja de encender alarmas
La postura de Aciplast y Corfoga se suma a la otras cámaras que también plantaron sus advertencias contra el Acuerdo de Escazú.
Tras calificar la normativa de “inconstitucional”, la Unión de Cámaras (Uccaep) sintetizó sus falencias en 5 puntos:
- Carga de la prueba: se invierte el principio de inocencia. Ya no son los denunciantes quienes deben demostrar el daño sino los denunciados probar su inexistencia.
- Protección: se establecen medidas cautelares para los denunciantes sin margen para los acusados.
- Reiteración: no trae nuevos aportes a los derechos de acceso a la información o participación ciudadana.
- Intimidad: se amplía el acceso a los datos sin contemplar los derechos a la intimidad que destaca la Constitución.
- Falta de claridad: incluye referencias como “autoridad competente” que dejan abiertas las interpretaciones legales, pudiendo generar incluso la intervención de entes privados en las decisiones públicas.
OBSERVE MÁS: Acuerdo de Escazú destruye generación de empleo, afirma industria alimentaria nacional
Los gremios de industria, alimentación, turismo, construcción y exportación también advirtieron sobre los efectos negativos que tendría la normativa.
Incluso la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham) advirtió que el Acuerdo podría desalentar las inversiones estadounidenses, claves en la economía nacional.
Costa Rica fuera del plan que vio nacer
El Acuerdo de Escazú fue impulsado por Costa Rica y Chile desde hace 3 años, pero ambos países toman distancia ahora.
El documento fue firmado por 24 países pero requiere de la ratificación legislativa.
Para el caso costarricense, los diputados lo ratificaron en primer debate pero la Sala Constitucional anuló el proceso por defectos formales. El trámite encalló desde el 2020 pero recientemente el Gobierno lo volvió a convocar, lo que aumentó las preocupaciones.
De momento, solo el PAC ha manifestado su respaldo completo al plan. Los diputados afines a Nueva República y el PUSC adelantaron su rechazo.
Los que sí completaron el proceso fueron 12 países de la región, lo que puso el rigor el Acuerdo de Escazú desde la semana anterior.
OBSERVE MÁS: ONU presiona a Costa Rica para que apruebe “Acuerdo de Escazú”
Se trata de Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, Uruguay y México. Por América Central estarán Nicaragua y Panamá.
Además lo ratificaron los estados caribeños de Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía.
Durante su jornada de inauguración, la ONU emitió un mensaje de presión a Costa Rica para que se sumara al acuerdo.
