Tomás Gómez
La decisión de la Sala Constitucional sobre el proyecto de la Ley Marco de Empleo Público allanó el camino para que tenga un trámite expedito en la Asamblea Legislativa y pueda ser aprobado en segundo debate.
Por mayoría, y tras una revisión de seis días, la Sala emitió al filo de la medianoche del sábado una resolución que detectó diversas inconstitucionalidades, pero todas subsanables. Esto significa que no detiene el trámite de la iniciativa de ley.
Asimismo, avaló todo el procedimiento previo seguido por la iniciativa de ley. Este punto era fundamental, pues los criterios de forma sí son vinculantes y pudieron haber generado problemas y retrasos al proyecto.
Ahora los diputados tienen el camino libre para votar el texto, que en su primer debate tuvo 32 apoyos y 15 rechazos.
Para la nueva votación se necesitará mayoría calificada (38 votos). La nueva ley busca ordenar y homologar los salarios de todo el sector público, para evitar desigualdades.
Sentencia de la Sala Constitucional
La sentencia de la Sala tiene dos secciones: la de forma y la de fondo.
Sobre el primer aspecto, se determinó que la Ley de Empleo Público no hubo ningún problema. Es decir, el trámite de cientos de mociones primero en la Comisión de Gobierno y luego en Plenario respetó todos los reglamentos.
Luego, llegaron los temas de fondo, en los que el criterio de la Sala fue más amplio, pues se trataba de temas más polémicos.
Ahí se determinó que es válido pasar al salario global e incluir en él a todos los empleados públicos. Esto implica a varios sectores que tradicionalmente habían alegado ser autónomos para saltarse las regulaciones, tales como universidades, municipalidades, Poder Judicial y la CCSS.
OBSERVE MÁS: Sala IV da vía libre a Ley de Empleo Público, pero deja fuera al Poder Judicial y TSE
Además, se respaldó la objeción de consciencia. Con ella, los empleados públicos podrían rechazar hacer trámites o capacitaciones de acuerdo con sus creencias o religión.
También se declararon inconstitucionales varias inclusiones de instituciones desde el punto de vista político. La traba principal sería darle la rectoría de Empleo Público al Ministerio de Planificación, que depende directamente del Gobierno.
Sin freno al trámite legislativo
Rubén Hernández, abogado constitucionalista, explicó que la Sala utilizó la técnica de la “inconstitucionalidad por sus efectos”, prevista en el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Según esta técnica procesal, los artículos que tienen roce constitucional no se eliminan del ordenamiento jurídico, sino que tan sólo se excluye su aplicación a aquellas personas o entidades a las que indica expresamente la sentencia y en los puntos concretos que indique la resolución del Tribunal Constitucional.
En el caso de la Ley Marco de Empleo Público, algunos artículos fueron excluidos de la aplicación respecto del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones. Las normas excluidas de aplicación respecto de estos órganos son exactamente las mismas, pues supuestamente se viola el principio de división de poderes.
“Algunas inconstitucionalidades declaradas por sus efectos se extienden también a las universidades, CCSS y Municipalidades. Se trata de casos puntuales en que la Sala consideró que se violaba sus respectivas autonomías constitucionales”, explicó.
Esto quiere decir que las normas no cuestionadas de inconstitucionalidad sí son de aplicación obligatoria para todas las instituciones estatales.
Por lo tanto, las regulaciones específicas que dicten el Poder Judicial, el TSE, las Municipalidades y la CCSS en materia de empleo público tendrán que respetar los principios del empleo público fijados en la ley, así como aquellas regulaciones que el dictamen de la Sala no consideró inconstitucional por sus efectos. De lo contrario carecerían de validez y podrían ser anuladas jurisdiccionalmente.
Diputados preparan ajustes
La diputada independiente Zoila Rosa Volio, presidenta de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, determinó que, sin importar la cantidad de inconstitucionalidades detectadas, el proyecto sigue en pie.
Volio recalcó que el proyecto de ley se puede arreglar.
“Esto va a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad y allí los artículos que la Sala ha declarado inconstitucionales serán revisados y ajustados de acuerdo a como corresponde. (…) No veo que el proyecto se vaya a caer ni que ya por esto ya se hundió. No hay ninguna victoria por parte de los sindicatos, no es que ganaron ni que se trajeron abajo la ley de Empleo Público”, reafirmó Volio.
A esto añadió, que una vez que se hagan los ajustes correspondientes de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, el documento será trasladado al plenario de nuevo para su respectivo trámite.
Ello podría avanzar rápido pues la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN), que es la más numerosa, garantizó el apoyo al plan.
“Es necesario para el Estado disminuir las disparidades salariales, hacer más justo y equitativo el tema de remuneraciones y generar ahorros para el equilibrio fiscal. Sobre los aspectos que fueron declarados inconstitucionales se deberá analizar de manera en que reglamentariamente se pueda realizar los cambios y ajustar el proyecto”, confirmó la jefa de fracción, María José Corrales.
Menos felices quedaron otros diputados opuestos a Empleo Público, como Paola Vega del PAC.
“Me parece lamentable el tiempo perdido y vergonzoso que un proyecto salga tan mal hecho de la Asamblea Legislativa, que tenga más de 35 inconstitucionalidades”, dijo.
Considera que el proyecto no es enmendable, por lo que ve como opción que se haga un proyecto nuevo.
En redes sociales, el congresista Pablo Heriberto Abarca, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) apuntó que “El gobierno nunca quiso escuchar las advertencias y solo negoció con sus socios complacientes. El proyecto de empleo público es vital. Pero bien hecho. Al PAC y algunos aliados eso nunca les interesó. Puras poses”.
OBSERVE MÁS: Con 32 votos a favor, diputados aprueban Ley de Empleo Público en primer debate
En contraparte, el diputado independiente Jonathan Prendas celebró el criterio sobre la objeción de consciencia.
“Celebramos que la Sala Constitucional dio el visto bueno para que nuestra propuesta de Objeción de Conciencia sea incluida en el proyecto de Empleo Público. Este derecho humano fundamental respeta los valores y principios de todos y permitirá a los funcionarios públicos por religión, ética o creencias poder abstenerse de ir a capacitaciones que vayan en contra sus principios y creencias”, exteriorizó Prendas.
Gobierno satisfecho
Donde también hubo satisfacción por el acuerdo de la Sala Constitucional fue en el Poder Ejecutivo.
“Las inconstitucionalidades señaladas por los magistrados y magistradas refieren únicamente a un tema como lo es el eventual ejercicio de la rectoría política, lo cual hace que el señalamiento verse sobre los efectos que podrían generarse sobre algunas instituciones a partir de la aplicación de esas normas, aunque no de ellas como tales”, reaccionó la ministra de Planificación Pilar Garrido.
Explicó que, tras esa decisión, todos aquellos aspectos que no requieren de ningún instrumento de rango inferior a la ley que deba ser emitido por el Poder Ejecutivo para implementarse, son de plena aplicación para todas las instituciones bajo el ámbito de cobertura, y estas son el corazón del proyecto de ley tales como la organización por familias, el salario global, los límites a convenciones colectivas, entre otros.
También en Casa Presidencial vieron el resultado con beneplácito.
“El pronunciamiento deja claro que el proyecto no contiene ninguna inconstitucionalidad en su tramitación y además avala la fijación del salario único global y las limitaciones a las convenciones colectivas. (…) Habrá que hacer algunas correcciones técnicas, para ajustar el texto a lo señalado por la Sala, pero todas son factibles y pronto la ley marco de empleo público será una realidad”, dijo el ministro de Comunicación, Agustín Castro.
“Vemos muy positivo el hecho de que la Sala está avalando la procedencia de regular el Empleo Público para la totalidad de la administración pública. Esto ya es un paso muy significativo en la línea trazada con el afan de poder seguir contribuyendo al ordenamiento de las finanzas públicas”, agregó la Ministra de la Presidencia, Giannina Dinarte.
Dinarte, a quien los diputados le señalan su ausentismo y falta de diálogo, prometió que habrá acercamiento con las fracciones. Principalmente para poder completar rápido los trámites.
La Ley de Empleo Público era un tema pendiente pues se presentaba como un componente esencial de la Reforma Fiscal del 2018.
El Gobierno, sin embargo, fracasó en varios intentos y no fue hasta enero pasado cuando se incluyó en las negociaciones con el FMI.
Estimaciones realizadas por el Ministerio de Planificación señalan que con el plan de Empleo Público, habría un ahorro de 0,70% del Producto Interno Bruto (PIB). No obstante, las universidades públicas aseguran que sería de 0,14% del PIB.
