Paula Ruiz
Este miércoles es una fecha decisiva para la continuidad o no de Catalina Crespo en el puesto de Defensora de los Habitantes. Hoy, el Congreso tomará la decisión luego de concluir una investigación en su contra.
Crespo estará esta mañana en el Plenario Legislativo donde se leerán los dos informes emitidos de la Comisión Especial que investigó las denuncias en contra de la jerarca.
La Defensora entonces podrá estar en el lugar mientras se da lectura a los documentos y, posteriormente, se le dará un espacio de 30 minutos para poder hacer sus observaciones, explicó Eduardo Cruickshank, presidente de la Asamblea Legislativa.
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“Posteriormente, se retira del Plenario para que diputados puedan tener una amplia discusión”, declaró Cruickshank.
La sesión inició a las 9:30 a.m. y podrá extenderse hasta las 6:55 p.m.
Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes, tendrá 30 minutos para su defensa. Imagen de archivo. (Asamblea Legislativa)
Los informes
Hay dos informes, uno de mayoría que fue firmado por cinco legisladores y uno de minoría, con el respaldo de dos congresistas.
Ante esto, será el informe de mayoría el que se someterá a votación de primero. Si la decisión es contundente, no es necesario continuar con el documento de minoría.
El grupo de congresistas optó por recomendar al Plenario la continuidad de la Defensora, puesto que no encontraron elementos suficientes para su destitución.
“En consecuencia concluimos de forma fundada, derivada, razonada y congruente que es improcedente decretar la cesación del cargo” concluyeron en su informe de mayoría los diputados María Inés Solís, Jorge Luis Fonseca, Eric Rodríguez y Ana María Montiel.
En tanto, Nielsen Pérez del PAC y Otto Roberto Vargas del Republicano Social Cristiano, creen lo contrario.
La comisión legislativa tuvo como objeto investigar y rendir un informe sobre las denuncias presentadas, la primera con fecha 4 de agosto, por Laura Fernández, Juan Carlos Pereira, David Walsh, José Fulvio Sandoval, Ana Karina Zeledón, Mauricio Medrano, Kattia Rodríguez, Juan Manuel Cordero, Jeanette Carrillo, Hazel Díaz, Walter Meza, Ronald Alberto Retana y Catalina María Delgado, sobre los cambios en el funcionamiento del Consejo de Directoras y Directores de la Institución
Asimismo, el 13 de agosto se presenta una denuncia ampliada firmada por Jeanette Carrillo y Juan Manuel Delgado en representación del Consejo de Directores, David Walsh del Sindicato y Juan Carlos Pereira, Carlos José Valerio , Andrea Hidalgo y Nazareth María Correa en representación de los funcionarios de la institución.
Los denuncias apuntaban como hechos cuestionables que
- La Jerarca reformó el procedimiento y funcionamiento del Consejo de directores
- Irregularidades en la intervención por parte de la Defensora en el caso UPAD
- Cambios en el manual de macroprocesos por parte de la Jerarca para que le permitan actual de forma discrecional e incidir en el proceso técnico
- No existe una dirección técnica ni conducción estratégica, ni comunicación asertiva por parte de la Defensora
- Violación al sistema de control interno institucional
- No atiende iniciativas en defensa a los derechos de la niñez
- Desidia y menosprecio por el trabajo de los que laboran en la institución y realización de campañas publicitarias realizadas sin el conocimiento técnico
- Congelamiento de plazas para funcionarios
- Violación a la confidencialidad de los expedientes de los funcionarios
- Recargo de funciones de la Contraloría de Servicios en la dirección de Planificación Institucional
- Irregularidades en el nombramiento del Defensor Adjunto
- Nombramientos irregulares
- Uso de redes sociales de forma irregular
- Participación partidaria de la Defensora
De acuerdo con los documentos, los funcionarios de la institución señalaron que a raíz de los hechos del caso UPAD se generaron una serie de situaciones en la Defensoría, entre ellas, una reforma estatutaria para suprimir técnicamente el Consejo de Directores el 3 de agosto y cinco días después una más para regular el funcionamiento del Consejo que recién se había variado.
Los diputados consideraron que los cambios efectuados en el Consejo, de igual maneja que la modificación en el Manual de Macroprocesos es una disposición de normativa interna y es atribución de la Defensora como cabeza de la institución hacer las reformas que estime necesarias.
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