Tomás Gómez
A tres días del estallido del escándalo por la pruebas FARO, la Defensoría de los Habitantes reapareció con críticas al proceso y señalando diversas responsabilidades en diversos jerarcas públicos.
En primer lugar se pidió al MEP detallar el proceso completo que se siguió para desarrollar los formularios para datos personales. Además, exigió la lista completa de personas que intervinieron en la preparación de las mismas.
Asimismo, se reclamó el atraso de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) por los atrasos en su intervención.
Finalmente, la defensora Catalina Crespo fue directa al exigir que al presidente Carlos Alvarado aclare el uso que se daría a la información recabada. También se pidió detallar las instancias de la Presidencia que conocerían sobre el cuestionario.
Violaciones a leyes de niñez y datos
Aunque la Defensoría desarrolla una investigación completa sobre el tema de Pruebas FARO, sí adelantó varias molestias sobre el tema.
Sobre la forma en que estas se aplicaron, destacó el haber tenido a los niños sometidos al test por más de 4 horas.
Luego se destacó la molestia por los temas abordados, que según el ente “trasgredió derechos fundamentales, tanto de padres de familia, de encargados; y de las personas menores de edad”.
Esta medida habría implicado violaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley de Protección de Datos.
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“Sostiene esta Defensoría que la mayoría de la información consultada por medio de ese cuestionario ya ha sido obtenida por otras instituciones especializadas, con competencias legales exclusivas en materia de recabación de datos, formulación estadística y gestión de programas sociales y mediante metodologías científicas ampliamente probadas y validadas, como lo son el INEC y el IMAS, es por ello que cuestiona al mandatario por qué se valió el MEP de las y los estudiantes para duplicar dicha información”, dijeron.
FARO no cesa su polémica
La primera tanda de pruebas FARO se aplicó a niños en edad escolar. Según se reportó, fueron 77.000 niños de quinto grado (11 años de edad), quienes debieron enfrentar el cuestionario.
Ante la ola de críticas el MEP salió inicialmente en su defensa.
Ese día en horas de la noche el MEP publicó un pronunciamiento de la viceministra, Melania Brenes, en el que se insistía en las bondades de la prueba. Ella aseguró que los datos se cruzarían con las notas y culpó a la pandemia por el atraso de los niños al completar la evaluación.
Veinticuatro horas después y con el conflicto subido de tono, le tocó el turno de dar la cara a la ministra Guiselle Cruz.
En su alocución anunció que la entidad procedía a eliminar las pruebas por problemas en las mismas.
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“Hubo un error en su elaboración, pues se obvió que una prueba tan larga era inadecuada para ser aplicada a niños y niñas de 11 o 12 años. Y que algunas preguntas no se formularon adecuada ni oportunamente”, dijo.
Se dispuso entonces la destrucción del material, lo cual no es procedente según las leyes de datos del país.
Una medida cautelar ordenó mantener el material, que podría ser exigido de vuelta por las familias pero de manera temporal el MEP decidió depositarlo ante los tribunales.
El MEP aseguró también que en las pruebas FARO de secundaria, que están por realizarse, quedó descartado aplicar el cuestionario.
