Tomás Gómez
Aunque estuvo a punto de cerrar, el consultorio jurídico ubicado en la Defensoría de los Habitantes mantendrá sus operaciones. Esto tras una negociación con la Universidad de Costa Rica (UCR).
Se trata de una oficina que brinda acompañamiento en los procesos judiciales a las personas que no pueden pagar un abogado. Los casos son atendidos por estudiantes avanzados de Derecho de la UCR.
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Parte de la operación de la oficina era financiada por la Defensoría, que la semana anterior suspendió el acuerdo.
Según explicó la institución en ese momento, el recorte presupuestario de este 2021 afectaría varios rubros; entre ellos, los más de ¢15 millones que costaba la oficina.
La falta de recursos llevó a pedir el finiquito del convenio; sin embargo, se hicieron ajustes para manter abierto el consultorio.
UCR pagará salarios para consultorio
Como la traba principal para el funcionamiento del consultorio era el salario de un abogado a cargo, la Universidad de Costa Rica acordó asumir el pago.
“La UCR decidió costear este monto para permitir a las personas afectadas tener un seguimiento adecuado de sus casos. Muchos de ellos vinculados a vulneraciones de sus derechos humanos, como la trata de personas o delitos sexuales”, indicó el rector Gustavo Gutiérrez.
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“En momentos cuando el país está pasando por dificultades económicas es importante que las instituciones, en la medida de nuestras posibilidades, trabajemos de forma conjunta en beneficio de las poblaciones más vulnerabilizadas (sic) del país”, agregó la defensora Catalina Crespo.
La última renovación del convenio actual se hizo el 25 de enero del 2019. Rige por cuatro años y se puede renovar a su vencimiento.
En las últimas semanas la Defensoría arrancó una revisión de convenios tanto por temas presupuestarios como legales, incluyendo el del consultorio jurídico de la UCR (Presidencia).
