Paulo Villalobos
Un estudio actuarial aplicado al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial refleja que, poco menos de dos años después de su reforma, éste mejoró su solvencia.
De acuerdo con el análisis, el déficit estimado del fondo se redujo en ¢5,7 billones (millones de millones), respecto a la evaluación que hizo en 2015 el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR).
El faltante se sitúa en ¢0,62 billones un año y cuatro meses después de que entrara en vigencia la modificación. Ésta última incluyó un aumento del 2% en la cuota de los trabajadores, al tiempo que se mantuvieron los aportes patronales y estatales.
Además se variaron el cálculo de las jubilaciones, las edades para el retiro, los años de servicio y se impusieron topes a las pensiones; entre otros cambios.
Para esta oportunidad la Corte Suprema de Justicia contrató por ¢34,2 millones, y mediante concurso, a la empresa Proveedor Integral de Precios Centroamérica S.A. (Pipca).
El estudio se realizó el 31 de diciembre de 2019 y en apego a la normativa de la Superintendencia de Pensiones (Supen). De hecho, el jerarca de esa entidad, Álvaro Ramos, destacó que el examen cumple con estándares internacionales, a diferencia del que llevó a cabo la casa de enseñanza.
Efectos significativos
“Hay una mejora sustancial al déficit actuarial que presentaba el régimen antes de la reforma”, declaró el presidente del Poder Judicial, Fernando Cruz.
En la misma vía se manifestó el actuario a cargo, Luis Guillermo Fernández, quien resaltó la influencia que tuvo la reforma al fondo.
“Hay que recordar que un régimen de pensiones no madura de un año para otro, sino en alrededor de 40 o 50 años. Entonces, esta reforma, a pesar de que tiene un un impacto importante en términos actuariales, más adelante va a permitir ver todavía mejoras muy importantes respecto a lo que tenemos ahora”, añadió el matemático.
El superintendente de Pensiones, Álvaro Ramos, se mostró complacido con la disminución del déficit pues a pesar de que “aún es toda la plata del mundo”, ahora es una cifra manejable.
Por lo anterior, el jerarca descartó que fuera a impulsar algún tipo de proyecto para hacer nuevos cambios estructurales al régimen.
Recomendaciones
El estudio actuarial también cinco medidas para mejorar las condiciones del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
La principal es la instalación de la Junta Administradora del régimen, que es la primera desde que se le quitó el recargo a la Corte Plena.
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Al respecto, el presidente de ese poder, Fernando Cruz, manifestó su compromiso para dejar nombrado el órgano a más tardar el 2 de noviembre de 2019.
Eso sí, el magistrado constitucional reconoció las dificultades para encontrar a los miembros de la Junta. Ya en una ocasión se debió declarar desierto un concurso. Esto obedece, según dijo el juez, a que la labor no es remunerada.
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Con ese órgano sería posible realizar ajustes en las pensiones de acuerdo a los resultados actuariales, así como la implementación de la postergación y bonificación.
Otra recomendación tiene que ver con una mejora en la composición de la cartera de inversiones en títulos de valores. Ello incluye evaluar la posibilidad de hacer inversiones en bonos extranjeros o líneas de crédito dirigidas a los trabajadores del Poder Judicial.
Paulo Villalobos
