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Delegada LGBTIQ abandona Gobierno y lo acusa de vulnerar Derechos Humanos

Margarita Salas, hasta hoy Delegada del Gobierno para tema de diversidad sexual, abandonó el cargo. Lo hizo alegando que la…

Por Tomás Gómez

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Delegada LGBTIQ abandona Gobierno y lo acusa de vulnerar Derechos Humanos
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Margarita Salas, hasta hoy Delegada del Gobierno para tema de diversidad sexual, abandonó el cargo. Lo hizo alegando que la administración de Carlos Alvarado está vulnerando los Derechos Humanos.

“En el proceso de discución de la Ley de Empleo Público, la actual administración negoció nuestros Derechos Humanos a cambio de votos, permitiendo que se introdujera una peligrosa cláusula de objeción de conciencia”, dijo en video.

“Esto abre una puerta para vulnerar derechos no solo de la población LGBTQ+ sino de las mujeres, personas con discapacidad, personas afro, de cualquier otra población en condiciones en exclusiones”, agregó.

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Salas, psicológa de profesión, no recibía salario por su trabajo. Concluyó diciendo que como activista, no puede seguir siendo parte de una adminstración “que en lugar de proteger los Derechos Humanos los está vulnerando”.

Entre otros logros destacó la capacitación de 20.000 funcionarios públicos en 75 instituciones. Materias como estas, según dijo, podrían afectarse gracias a la polémica claúsula.

La delegada completó apenas 9 meses en el cargo. Lo asumió en junio del 2020 luego de que el anterior titular, Luis Salazar, quedara fuera por su vinculación con el escándalo UPAD.

https://twitter.com/maggiewill/status/1381653309589753860

La negociación que enojó a la Delegada

El presidente Carlos Alvarado insiste en que la Ley de Empleo Público es urgente. Para ello se negociaron votos clave con las fracciones conservadoras.

Alvarado aceptó que desde Casa Presidencial y la fracción de Gobierno, se apoye “la objeción de conciencia” dentro del proyecto para garantizar los votos a la iniciativa.

Se entiende como objeción de conciencia la negativa a acatar deberes legales, realizar  actos o proveer servicios por ir en contra de valores éticos o religiosos de la persona que la invoca.

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Durante el trámite en Comisión de Gobierno y Administración, se incluyó una moción para permitirle a funcionarios públicos que se excusen de participar en capacitaciones cuando vayan contra sus convicciones religiosas, éticas o morales.

Ante este escenario ,José María Villalta, diputado frenteamplista, presentó varias mociones para intentar revertir esa decisión desde el Plenario aunque, durante el pasado jueves todas las votaciones fueron rechazadas, incluso por la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Tanto en comisión como en Plenario la objeción de conciencia ha quedado en firme (Cortesía)