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Denuncia “anónima” entraba renovación de armamento de Fuerza Pública intentada por casi 2 años

El 18 de julio Seguridad Pública cumplirá dos años de estar intentando renovar el armamento de la Fuerza Pública y…

Por Tomás Gómez

Tiempo de Lectura: 2 minutos
Denuncia “anónima” entraba renovación de armamento de Fuerza Pública intentada por casi 2 años
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El 18 de julio Seguridad Pública cumplirá dos años de estar intentando renovar el armamento de la Fuerza Pública y aunque la meta del Ministro Michael Soto era materializar la adquisición para mediados del 2020 el proceso topó esta semana con un nuevo atraso.

Luego de que fracasara en dos concursos la licitación se repitió una vez más. Según el cartel la intención era adquirir 1300 armas por un monto de ¢1.060 millones de colones y se asignó a un único oferente, decisión que ahora se tambalea.

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De acuerdo con Seguridad, la dirección de la Fuerza Pública recibió una denuncia sobre una supuesta irregularidad, lo que conllevó acciones tanto en la vía administrativa como en la judicial.

“Para el Ministerio de Seguridad la empresa contratada presentó datos de certificación que deben ser analizados a profundidad”, señaló la institución en comunicado.

El Observador intentó conocer los cuestionamientos señalados por el Ministerio pero su departamento de prensa señaló que la información disponible era la del comunicado pues el caso ya está en investigación.

Empresa defiende actuaciones

Ante los señalamientos del Ministerio de Seguridad el consorcio Inglesini y Compañía, S.A.- Electromecánica Pablo Murillo, S.A, ganador del concurso, insiste en que ha cumplido todos los requisitos pero “el Ministerio argumenta que el análisis es necesario, pues recibió una denuncia anónima que cuestiona una certificación”.

“Queremos ser contundentes al afirmarle al país, que nuestras empresas han actuado en todo momento en observancia de las leyes y reglamentos de nuestra nación, los cuales hemos respetado y cumplido cabalmente en todo momento a lo largo del proceso de contratación para dotar a nuestros policías de herramientas tan necesarias como las pistolas, trascendentales para resguardar sus vidas en su delicada labor cotidiana contra el hampa”, afirmaron los empresarios.

“Nuestro consorcio tiene una extensa experiencia acumulada de 38 años supliendo implementos y armas al Estado costarricense, siempre en total apego a nuestro marco normativo, cumpliendo, e incluso, sobrepasando los requisitos y expectativas de los concursos en los que hemos participado, dotando de implementos de seguridad de una altísima calidad tanto al Ministerio de Seguridad Pública como a diversas instituciones estatales”, agregaron.

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El grupo aseguró estar en total disposición de presentarse ante el órgano adminstrativo y la Fiscalía según avancen los procesos.

Según su explicación las pistolas ofrecidas son de la marca Sig Sauer, una marca usada por el Ejército de Estados Unidos y que en Costa Rica ya es utilizada por entes como el Servicio de Vigilancia Aérea, Guardacostas, la Policía Municipal de San José, la Policía de Control Fiscal y el Organismo de Investigación Judicial.

Las autoridades de seguridad han insistido en varias ocaciones en la necesidad de renovar el inventario de armas.