Paulo Villalobos
La Dirección General de Migración y Extranjería habría solicitado un estudio de mercado para justificar una contratación directa de un centro de datos a Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa).
De esa forma lo denunciaron la Cámara de Comercio de Costa Rica y el diputado Pablo Heriberto Abarca este viernes.
En apariencia, el pasado 11 de junio, Migración solicitó una contratación directa que se tramitó bajo el número 0062019000100002 en el Sistema de Compras Públicas (Sicop). La misma se amparó en una de las excepciones que establece el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa.
Con ella, la Dirección pretendía un “Contrato de plataforma de tecnologías como servicios administrados para centros de procesamiento de datos”.
Dos días después, la entidad solicitó a Racsa, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), a Codisa Software Group y al Grupo CESA, respuestas de sus bienes y servicios para un estudio de mercado que llevó el título de “Requerimientos para la prestación de servicios para el Proyecto Centro de Procesamiento de Datos Alterno”.
Ambos enunciados se referían al mismo servicio, según un comunicado de prensa de la Cámara de Comercio.
El 5 de julio anterior, Migración recibió las propuestas de los invitados al estudio, pero cuatro días más tarde, logró la contratación directa de Racsa en el expediente 2019CD-000036-0008700001, por $8.8 millones.
Asistencia gubernamental
El legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Heriberto Abarca, y el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Julio Castilla; dijeron a El Observador que el uso del artículo 2 de la Ley de Contratación ha sido recurrente en las dos últimas administraciones.
“Esto está desde hace años, pero nunca se había hecho un abuso de este artículo. Desde el Gobierno anterior se inició una práctica que, decimos nosotros en el sector privado, para rescatar instituciones públicas que estaban quebradas, se empezó a hacer un uso abusivo del artículo 2 y vemos que ya Racsa vende todo tipo de soluciones al sector público sin salir a licitación”, declaró el representante de los empresarios.
Por su parte, el Congresista recordó que antes se han denunciado casos similares, como la contratación de GPS, del desarrollo de la factura electrónica así como los servidores del Ministerio de Hacienda.
En esta oportunidad, Abarca aseguró que enviará una nota a la Contraloría General de la República (CGR), solicitando una investigación al respecto.
Castilla, por su parte, dijo que en la Cámara de Comercio se analizará el caso el próximo lunes, para hacer una eventual denuncia formal.
Este medio contactó a la Dirección General de Migración y Extranjería para conocer su posición ante las denuncias, sin embargo, mediante su oficina de prensa indicaron que se referirán al tema hasta el próximo lunes.
Colaboró con esta información el periodista Tomás Gómez.
Paulo Villalobos
