Paula Ruiz
Una reforma a la Ley contra Hostigamiento y Acoso Sexual pretende modificar el plazo para la presentación y prescripción de denuncias, al aumentarlo de dos a ocho años.
La propuesta planteada por el diputado Enrique Sánchez, especifica que ese plazo se computará a partir del último hecho generador del hostigamiento o acoso sexual o bien, a partir de que cesó la causa justificada que le impidió denunciar.
El oficialista explicó que la ampliación del plazo se debe a que muchas víctimas encuentran obstáculos al momento de denunciar en 730 días, además para promover la cultura de denuncia de este tipo de situaciones.
“El propósito es recalcar la obligación del Estado de brindar las herramientas legales y sociales para el real acceso a la justicia, así como para la disminución de la impunidad en centros de trabajo y estudio”, comentó.
Desde las universidades públicas, la comunidad estudiantil ha promovido la denuncia por hostigamiento o acoso sexual. Crédito: Laura Rodríguez | Universidad de Costa Rica
Me pasó en la U
La propuesta surge a raíz del movimiento #MePasóEnLaU que reunió a estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional y Tecnológico de Costa Rica, donde denunciaron casos de acoso sexual recibidos principalmente, por parte de profesores.
En mayo de 2019, la comunidad estudiantil reveló que se encontraban en “estado de emergencia” ante la violencia persistente y la falta de acciones por parte de autoridades universitarias.
Sánchez recordó que el movimiento buscó acciones concretas para promover la cultura de la denuncia a lo interno de los centros educativos universitarios, además de cerrar cualquier barrera estructural de acceso a la justicia.
A raíz de lo sucedido, el congresista dio a conocer esta tarde la reforma la cual se discutirá en la Asamblea Legislativa a través del número de expediente 21.749.
En el caso universitario, -según se explicó- se busca impulsar a que las víctimas denuncien aún después de haber culminado sus estudios, para evitar algún tipo de represalia.
En los centros públicos de educación superior, como mínimo se requieren cuatro años para obtener un bachillerato, razón por la cual el establecimiento de dos años puede frenar a las estudiantes a presentar algún tipo de denuncia formal.
“En ese lapso, la víctima podría verse inhibida de realizar una denuncia, dada la posibilidad de reencontrar al profesor y enfrentar represalias. Tanto en la docencia como en el empleo, un lapso mayor brinda mejores herramientas para denunciar”, detalló el PAC.
En 2019, Sánchez impulsó una modificación al artículo 31 del Código Procesal Penal para ampliar de 10 a 25 años, una vez cumplida la mayoría de edad, el plazo de prescripción por delitos sexuales en perjuicio de personas menores de edad. Dicha reforma se convirtió en Ley de la República en mayo de ese año.
