Manuel Sancho
En medio de cuestionamientos, críticas y recientes casos de presunto acoso sexual en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), las autoridades de dicha área de formación tomaron la decisión de limitar, restringir y variar el proceso para entregar información relacionada con acusaciones y señalamientos, así como procesos, en torno al acoso en sus aulas.
En la sesión del pasado 20 de enero, el Consejo Asesor de la Facultad tomó un acuerdo para evitar que funcionarios, profesores y otro respondan directamente a la prensa sobre los casos.
“Se acuerda que todas las solicitudes de información con fines mediáticos sean remitidas por la Decanatura al Consejo Asesor, y cuando comprometan derechos de terceros o se esté ante situaciones que involucren la tramitación de expedientes administrativos y/o judiciales, se realizará la consulta respectiva a la Oficina Jurídica de nuestra Universidad. No podrá brindarse información a ningún medio de comunicación hasta que no se cumpla con el protocolo acá acordado”, reza un comunicado de la Facultad de Derecho del pasado 28 de enero.
Consultado por El Observador, el decano Alfredo Chirino aseguró que el objetivo de la decisión es no divulgar información que afecte derechos de terceros, o personas sensibles o vulnerables, relacionado con los procesos administrativos o penales. Ahora consultarán a abogados – según el jerarca – para no dar información que se considera confidencial.
Chirino señaló una publicación del Semanario Universidad – y otros medios – que según él reveló detalles de un sumario penal. “La decisión tiene que ver con otros temas, también informativos, no solamente con estos”, señaló.
“El filtro para decidir cuándo si, cuándo no, está plantado por la consulta que como parte de este protocolo de información, se hace a través de la Oficina Jurídica que obviamente determinará si efectivamente están o no en la mesa derechos sometidos a algún grado de confidencialidad o privacidad. Cuando usted relaciona un tema específico o un tema que no necesariamente que no se refieren a personas en específico, que tienen un grado de anonimidad, ese grado de anonimidad permiten decidir que no hay una revelación que pudiera afectar derechos de terceros”, dijo.
El decano justificó que en el Consejo Asesor de la Facultad, cuando se tomó la decisión, se explicó el análisis a representantes estudiantiles.
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Límite a la información
El rector Alfredo Chirino defendió la decisión tomada. (UCR)
El jerarca de Derecho de la UCR admitió preocupación porque la decisión sea vista como un límite al derecho de información y a la libertad de prensa, pero negó que se produzcan esas restricciones. Si bien comentó que la libertad de expresión está limitada por la Constitución Política y otra jurisprudencia de la propia Sala Constitucional, Alfredo Chirino señaló que las críticas a lo interno de la Universidad van en otra línea, relacionada con la normativa interna y la forma en que se procesan denuncias de acoso y abuso sexual.
En el 2019, decenas de mujeres estudiantes iniciaron un movimiento, para denunciar múltiples casos de acoso sexual en las universidades públicas.
Las campañas #MePasóEnLaUCR, #MePasóEnLaUNA y #MePasóEnElTEC fueron el punto de partida para visibilizar antiguos y nuevos casos de la problemática de acoso que se da en todas las universidades estatales. La lucha llegó hasta la Asamblea Legislativa, donde una comisión estudia el actuar de las autoridades universitarias.
Además Derecho enfrenta múltiples críticas por el manejo de casos puntuales. Por ejemplo el de Maynor Salas, profesor catedrático de la UCR, quien fue sancionado durante ocho días en el 2015, tras la denuncia de una estudiante en el 2014 ante la Comisión de Hostigamiento Sexual de la Universidad.
No obstante en mayo pasado, el Semanario Universidad informó que no es el único caso de hostigamiento que Salas habría cometido. Al menos 10 estudiantes y egresadas de Derecho denunciaron haber sufrido de acoso sexual, insultos y ser testigos del uso de vocabulario obsceno por parte del profesor. Salas sigue dando clases.
Y este mes, el medio digital CRHoy.com informó que unas estudiantes denunciaron a un “entrenador” de Derecho por presuntamente violarlas en una competencia de Derecho Comercial y Arbitraje realiza en Buenos Aires, Argentina.
En ese contexto, Alfredo Chirino insistió que se deben analizar las peculiaridades de cada caso y del procedimiento ante denuncias de acoso y abuso sexual. Pero negó que el objetivo sea ocultar información.
“Es un procedimiento relativamente corto, donde se hace una consulta a la Oficina Jurídica, esta analiza las peticiones de información y le instruye a la Facultad de Derecho cuáles son aquellas informaciones, que por derecho de derechos o víctimas podría tener un grado de protección constitucional”, reiteró. Alegó que el “secreto sumarial” tiene una función muy importante en procesos legales.
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Este jueves el Semanario Universidad detalló que Chirino no respondió consultas en torno al más reciente caso del “entrenador”.
Hoy el decano solamente se limitó a decir a El Observador que el sujeto denunciado por las estudiantes no es funcionario de la Universidad, ni la entidad le pagó sus desplazamientos a Argentina.
“no fue designado para que fuera con el grupo. Fue una decisión de los propios estudiantes que participaron en la competencia”, comentó.
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Manuel Sancho
