Las reformas sobre los intereses

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Rafael González. Socio de Impuestos y Legal de Grant Thornton

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Nadie duda que los intereses que recibe un banco en virtud del otorgamiento de un préstamo, constituyen para él una renta ordinaria, propia de su giro de negocio, producida por elementos patrimoniales afectos una actividad lucrativa, habitual; derivada de la organización de los factores de producción.

En sentido contrario, tampoco merece discusión el hecho de que la persona que va a la ventanilla de ese banco y adquiere un certificado de depósito, o abre una cuenta de ahorros, recibirá unos intereses claramente pasivos. No hay afectación del bien a una actividad lucrativa (a pesar de que la inversión, per se, refleja un deseo de lucrar).

En el primer caso, siempre se ha terminado por entender (no sin previas discusiones de diversa índole) que esos intereses pagan impuesto de renta ordinario, a la tarifa máxima, sobre la base neta: ingresos menos gastos. En el segundo supuesto, generalmente hemos estado frente a retenciones únicas y definitivas realizadas por el ente pagador, que pueden implicar que esas rentas nunca se declaren; o bien, que sean incluidas como no gravables en las conciliaciones tributarias.

Cuando se publicó la Ley 7092 (finales de 1988), su primera redacción no distinguía los intereses de una clase de los de otra (primer párrafo del artículo 23 inciso c) original). Fue con una reforma posterior que ese párrafo se derogó, de manera tal que los intereses “entre particulares” fueran renta ordinaria; mientras que los intereses derivados de operaciones reguladas tuvieran una tarifa menor (en aquel tiempo, 8%).

Si bien esa reforma fue declarada inconstitucional (norma presupuestaria), el legislador que la sustituyó mantuvo la eliminación del párrafo aludido. De ese modo, hasta junio del 2019, los préstamos comunes y corrientes pagaban 30 sobre el neto; los intereses de entidades reguladas pagaban el 8% (con algunas excepciones o exenciones) y hubo una categoría poco clara de “emisiones privadas” que tributaba al 15%. Eran un intermedio entre un préstamo común y corriente, y una inversión que no alcanzaba para ser oferta pública.

Cuando se redactó la Ley de Fortalecimiento, el principio fundamental era uniformar tarifas al 15% (aunque algunas se mantuvieran más bajas, ya fuera temporal o definitivamente). Por esa razón, partiendo de la experiencia previa de la inconveniencia de equiparar préstamos ordinarios con inversiones reguladas, se estableció el artículo 1 bis, inciso c) 3.

Esa norma claramente define cuáles son los únicos intereses que derivan de instrumentos que se entienden, por definición, no afectos a la actividad lucrativa. Con otras palabras, esa norma dijo que todo interés es gravable en la renta ordinaria, salvo los de inversiones reguladas.

No obstante, la claridad de esa norma legal, el Reglamento parece establecer la posibilidad de que existan intereses ordinarios (entre particulares) que paguen la tarifa del 15%. E inclusive, establece la condición de tener un empleado para optar por la renta ordinaria. Eso no está en la Ley y claramente contradice el tratamiento legalmente propuesto.

Hoy en día (ya con un 15 de marzo muy cercano), existe mucha incertidumbre sobre la correcta aplicación del 15% a muchos préstamos; así como a la forma en que eso deba reflejarse (o no reflejarse) en la declaración D 101 (versus la D149).

Pero mientras seguimos a la espera, nos encontramos que el Proyecto de Renta Global Dual no corrige el problema; más bien, lo agrava. En efecto, en el propio artículo 23 del proyecto (incisos 1).c) versus inciso 5).c), nos encontramos que esta segunda norma replica lo establecido en el actual 1 bis de la Ley vigente. Pero el propuesto 23.1.c) excluye de la afectación a todos los intereses.

A juzgar por la historia que hemos contado, nuestra hacienda pública no ha logrado decidirse sobre una política fiscal clara, en la que se otorgue preferencia al neto declarado sobre el bruto retenido, o viceversa.

Lo cierto del caso, es que se deben tomar varias cosas en cuenta: la primera, claridad y seguridad. No ambigüedad ni interpretaciones. Tanto en la naturaleza de la renta, como en la forma de liquidarla, declararla y pagarla. La segunda, evaluar la conveniencia de equiparar la actividad regulada con la no regulada.


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