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Desde 2012, Fiscalía investiga proyecto Monte del Barco de Aldesa

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El Fondo de Desarrollo Inmobiliario Monte del Barco, administrado por Aldesa, permanece desde el 2012 bajo investigación en la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual.

Nueve inversionistas denunciaron entonces a una serie de personeros de Aldesa Corporación de Inversiones S.A. por supuestamente haber transitado el proyecto mediante diversas figuras jurídicas, hasta conseguir su venta en julio de 2008, en más de $112 millones, a otra sociedad constituida por ellos mismos.

Actualmente, el caso se sigue bajo el expediente 12-001913-175-PE, según confirmó a El Observador la oficina de prensa del Ministerio Público.

El presidente de Aldesa, Javier Chaves, fue detenido el 10 de junio como sospechoso de seis delitos. El exministro figura como imputado en cuatro causas. (Tomás Gómez/El Observador)

En la causa figuran el presidente del conglomerado, Javier Chaves, su hermano Óscar Luis (director de Banca de Inversión y apoderado) y el fiscal Lanzo Luconi, quien en el pasado fue director de Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión. Los tres figuran como sospechosos de una aparente administración fraudulenta.

Para ese delito, el Código Penal dispone de entre 2 meses y 10 años de cárcel como castigo a quien perjudique al titular de los bienes ajenos que maneja, “alterando en sus cuentas los precios o condiciones de los contratos, suponiendo operaciones o gastos exagerando los que hubiere hecho, ocultando o reteniendo valores o empleándolos abusiva o indebidamente”, tal y como lo indica su artículo 222.

Solicitudes de sobreseimiento

El expediente en cuestión arrastra dos peticiones de sobreseimiento en el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, gestionadas por la Fiscalía de Delitos Económicos.

La primera de ellas se presentó el 9 de setiembre de 2014 y la segunda el 28 de noviembre del 2018. Sin embargo, las solicitudes no se han discutido por el fondo en el órgano jurisdiccional pero en ambas el proceso acabó con el retorno de la causa al Ministerio Público.

De acuerdo con el órgano acusador, esto se debió a:

  • 09/09/2014: juez pidió terminar de recabar prueba solicitada a las autoridades panameñas, sobre la constitución y disolución de “varias” sociedades. Una vez que el Ministerio Público obtuvo los datos, este insistió en que no era viable fundamentar una acusación
  • 28/11/2018: juez ordenó a la Fiscalía de Delitos Económicos recabar prueba bancaria solicitada por un abogado querellante, quien había presentado una actividad procesal defectuosa (argumento para cuestionar actuaciones judiciales y que así se declaren nulas).

Desde entonces, el Ministerio Público se encuentra a la espera de la prueba para incorporarla al expediente.

Fiscales denunciados

El tiempo que ha requerido el Ministerio Público para cumplir con las órdenes de recolección de información derivó en una denuncia. En esta oportunidad por un posible incumplimiento de deberes y desobediencia a la autoridad, de parte de los fiscales Dixiela Madrigal y Willy Retana.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) solicitó el 28 de febrero de 2019 la desestimación de la causa tramitada en el numeral 19-000002-1218-PE, al considerar que los hechos denunciados no constituían delito.

Denuncia seguida contra dos fiscales de Delitos Económicos. (Cortesía/El Observador)

Dicha gestión fue acogida por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública el 10 de abril de 2019.

Sin embargo, la misma no ha adquirido firmeza, ya que está pendiente de discutirse una apelación del denunciante Ronny García.

Este hombre, de 60 años, es abogado y esposo de una de las denunciantes en el caso de Monte del Barco. Esta es, a su vez, la única que se constituyó en querellante en el expediente 12-001913-175-PE.

Caso Aldesa: pudo haberse evitado

García afirmó en conversación telefónica con El Observador que “el caso Aldesa se pudo evitar”, en referencia a la investigación seguida contra el presidente del conglomerado, por seis aparentes delitos.

Ese caso, contenido en el expediente 19-000157-1220-PE, originó 12 allanamientos hechos a las viviendas de nueve representantes de Aldesa, así como el Grupo Sama y la Superintendencia General de Valores (Sugeval).

“Claro que se hubiera evitado todo esto. ¿Por qué? Porque hubiera salido que Aldesa estaba siendo denunciada penalmente por Monte del Barco”, explicó el jurista.

El 17 de mayo de 2019, los inversionistas del Fondo de Desarrollo Inmobiliario se dieron cita por primera vez desde el 2013, en la sede del grupo financiero Aldesa, en Pinares de Curridabat.

Allí conocieron la situación legal y financiera del proyecto de concesión con fines turísticos en la Península de Papagayo, en Guanacaste.

Inversionistas de Monte del Barco se dieron cita el 17 de mayo en Aldesa, para conocer la realidad legal y financiera del Fondo de Desarrollo. (Juan Pablo Arias/El Obsevador)

En marzo de este año, la Sugeval suspendió temporalmente la negociación de las participaciones del fondo de inversión, luego de que detectara que un comentario del auditor en los estados financieros incluía una ‘abstención de opinión’, una información de alta importancia para que los inversionistas pudieran tomar decisiones a futuro.

El 8 de ese mes, Aldesa Corporación de Inversiones (parte del mismo grupo) anunció se vio obligada a “suspender pagos a los inversionistas” en varios proyectos y a presentar ante el Juzgado Concursal del Primer Circuito Judicial de San José una solicitud de Administración y Reorganización con Intervención Judicial. Esta gestión le fue denegada.

Se trata de proyectos inmobiliarios de carácter privado, no regulados; es decir, que no pertenecían a una oferta pública de valores.

La petición de intervención fue acompañada de una propuesta de reestructuración, que incluyó el cierre del puesto de bolsa, así como el despido de la mitad de sus empleados.


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