Paula Ruiz
Desde el 2013, quienes han ejercido el cargo de Ministro de de Obras Públicas y Transportes (MOPT) conocían de relaciones de hechos que involucraron a funcionarios de Conavi envueltos ahora en el Caso Cochinilla.
Las relaciones de hechos son documentos que reúnen posibles actos irregulares, acciones u omisiones, según detalla la Contraloría General de la República.
Así lo afirmó Reynaldo Vargas, auditor interno del Conavi quien estuvo en audiencia ante la Comisión Especial Legislativa del Caso Cochinilla.
Desde 2013 han estado en ese cargo Pedro Castro en la administración Laura Chinchilla; Carlos Segnini, Carlos Villalta y Germán Valverde en el gobierno de Luis Guillermo Solís.
Mientras que desde el 2018 ejerce en el puesto Rodolfo Méndez Mata.
Vargas especificó que las relaciones de hechos realizadas tienen que ver con inconsistencias en un estudio de oferta por parte de “algunos funcionarios y eso marcó el inicio para otras dos relaciones de hechos sobre un funcionario en específico”.
Ese funcionario al que Vargas hizo referencia, es el exgerente de apellido Barth a quien se le aplicó un despido sin responsabilidad patronal.
No obstante, fue reinstalado por el Tribunal Contencioso Administrativo en el cargo lo cual le permitió pensionarse.
Justamente, Vargas reveló que recibió amenazas por parte de Barth debido a su gestión como auditor.
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Adelanto de un pago
Otra relación de hechos tiene que ver con un adelanto en el pago de cemento a una empresa constructora. La documentación fue enviada a la Contraloría General de la República (CGR)
Sin embargo, indicó que estuvo a cargo de un empleado de apellido Ugalde quien precisamente está siendo investigado por el Caso Cochinilla.
“Consulté por ahí de 2014 y 2015 y lo que me indicaban es que estaba en proceso”, reconoció.
Por otra parte, Vargas especificó que han elevado dos denuncias ante el Ministerio Público, una por contrataciones y otra por posibles pagos por recepción de obras que no correspondían.
“Gestionamos un informe donde solicitamos que se realizaran procedimientos administrativos a ciertos funcionarios y se remitió a una denuncia penal que había abierta en ese momento y el tema era sobre demarcación vial”, detalló.
El auditor interno de Conavi indicó que desde el 2013 se ha informado a ministros del MOPT sobre casos que involucran a personas hoy cuestionadas en el Caso Cochinilla. Cortesía.
Obstrucción desde el Consejo
Durante la audiencia, el jerarca también informó sobre la obstrucción de la que ha sido objeto la auditoría interna por parte del Consejo de Administración del Conavi.
Este órgano es liderado por el propio ministro Méndez Mata, según detalló Vargas.
La obstrucción señalada guarda relación con la solicitud de información y documentos para la labor de auditoría.
“En el último año hemos solicitado 13 procedimientos administrativos por obstrucción a la auditoría interna y una por incumplimiento para auditoría interna”, sentenció Vargas.
El vocero dijo que los informes son remitidos directamente el ministro de Obras Públicas y quedan sin la posibilidad directa de conocer la resolución.
“Queda a la amabilidad de ellos si nos quieren indicar cómo va el proceso (…) para mí los procesos deben ser más rápidos”, resaltó.
Otro tema que tuvo conocimiento el Consejo tiene que ver con la utilización de superávit específico para partidas que no correspondían según se autorizó vía presupuesto nacional de la República.
Con oficina en Conavi
Uno de los puntos que también se discutió en la audiencia tiene que ver con Tobías Arce, catalogado como el mensajero entre el Conavi y las empresas constructoras involucradas en este caso.
Aunque no era funcionario público, pasaba hasta ocho horas diarias en las instalaciones de la institución, según Vargas.
“Casi tenía oficina ahí desde 2011, supongo que desde antes pero, a partir de ahí tratamos de ver cómo se limitaba el ingreso no solo de don Tobías sino de una mayoría de personas por un riesgo institucional”, dijo.
Incluso, hubo otras dependencias que también hicieron el señalamiento a la administración sin que se pudiera impedir su acceso al inmueble.
“La administración sencillamente indicaba que no tenía potestad legal para impedir ingreso a una persona”, sentenció.
Diputados interrogaron al jerarca durante la audiencia. Cortesía.
