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Desempleo en Costa Rica: un problema estructural

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Tiempo de Lectura: 3 minutosPor Ennio Rodríguez Céspedes. Presidente del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica.

El comportamiento del mercado de trabajo en los últimos años nos muestra una tendencia preocupante, caracterizada por altas tasas de desempleo y subempleo estructurales, que en la última década han sido de alrededor de 10% (Ver Gráfico).

Estos indicadores están fuertemente relacionados con un proceso de desaceleración de la actividad económica, el cual se ha agudizado en la coyuntura de la Covid-19, sin que se vislumbre una recuperación del aparato productivo, que permita alcanzar condiciones para el crecimiento económico y la generación de empleo formal.

Aunque en los primeros meses de 2021 se da una leve mejora en los niveles de empleo con respecto a las cifras del 2020, esta recuperación moderada responde a un crecimiento inercial de la economía sin que se tenga una ruta de reactivación que se enfoque, entre otros, en el estímulo de actividades productivas asociadas con mayores tasas de participación laboral.

Los altos niveles de desempleo y subempleo (respectivamente, 17,7% y 15,7% a mayo 2021) evidencian problemas estructurales en el mercado de trabajo costarricense, que tienen que ver con una economía dual y heterogénea, donde el crecimiento dinámico de las actividades de exportación no ha estado acompañado por un desarrollo adecuado del resto del tejido productivo, que se mantiene con rezagos de competitividad y productividad.

Esto es particularmente preocupante para el empleo femenino, que sufre una mayor exclusión del mercado laboral. A pesar de que la tasa de desempleo de los hombres presenta una mejoría entre diciembre 2020 y mayo 2021, al pasar de 16,4% a 13,3% (cambio de -3,1 p.p.), la de las mujeres apenas mostró un cambio de -1 p.p., al pasar de 25,2 % a 24,2%.

Por otra parte, la dinámica espacial del patrón de crecimiento ha inducido a una concentración del mercado laboral en la Gran Área Metropolitana (GAM), lo cual ha resultado en la profundización de las brechas para acceder a puestos de trabajo formales y mejor calificados para las poblaciones fuera de la GAM.

Fuera del GAM

Conforme nos alejamos de los centros urbanos de aglomeración económica, los niveles de participación laboral caen significativamente (al primer trimestre 2021 la participación laboral urbana fue de 61,9% y la rural de 57,8%, lo que representa una diferencia de 4,1 p.p.).

La transición productiva que ha experimentado el país en las últimas décadas ha incidido en una serie de cambios en las condiciones de oferta y demanda del mercado de trabajo y en las nuevas exigencias de calificación del capital humano por parte de actividades productivas asociadas con las cadenas globales de valor.

Ante estos cambios, el principal problema ha sido el desalineamiento entre los nuevos requerimientos de contratación laboral y la formación y productividad de la mano de obra disponible. Este es un tema que se ha planteado por décadas y que sigue siendo una de las principales limitaciones del país para atraer inversiones en actividades de alto valor agregado en territorios fuera de la GAM.

Lo anterior llama la atención sobre las debilidades de una política de empleo que no ha anticipado la transición productiva y las exigencias de los nuevos flujos de inversión para los que la formación del capital humano es un factor determinante.

Esto ha contribuido con los problemas estructurales del aparato productivo, el incremento del empleo informal (46,6% al primer trimestre del 2021) que refuerza la fragilidad del mercado de trabajo y la capacidad de la economía de generar empleos productivos y formales para los distintos niveles de calificación del recurso humano.

Empleo informal

El empleo informal también se correlaciona con los quintiles de ingresos más bajos, los cuales presentan menores niveles de escolaridad y calificación de la mano de obra. Otro elemento asociado es el de la precariedad de los empleos informales, que se concentran en el empleo femenino y juvenil.

Como se aprecia en los datos del mercado laboral costarricense, más allá del incremento en el desempleo con la coyuntura de la Covid-19, desde hace varias décadas Costa Rica enfrenta un problema de desempleo estructural.

Así, en la medida en que sigamos haciendo lo mismo, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. El creciente problema del desempleo hace imperativo que el gobierno, en asociación con el sector privado, académico y de la sociedad civil, diseñe e implemente una política de empleo para que los cientos de miles de personas desempleadas o subempleadas puedan tener un trabajo formal y digno.

Para ello deben trabajarse tanto los aspectos de demanda laboral como aquellos vinculados con el combate directo a las razones para la exclusión de los trabajos formales.


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