Después del coronavirus, más protección social

Escuchar este artículo
Tiempo de Lectura: 4 minutos

Por Francisco Delgado, viceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social

La dualidad de la crisis actual que enfrenta el país y el mundo, desde el punto de vista de la emergencia de salud pública y desde la perspectiva de la rápida caída económica, plantea la urgencia de tomar medidas de corto y mediano plazo una vez que hayamos atravesado la curva de contagios y nos ubiquemos en una “nueva normalidad”.

En la primera cara de esa dualidad que es epidemiológica, hay un consenso casi generalizado de la solidez de nuestro sistema de salud y de la importancia de la inversión acumulada por décadas en servicios de salud públicos de acceso universal. Estos elementos han permitido una respuesta sanitaria para contener la propagación del virus y dar atención oportuna cuando se ha requerido.

La segunda situación crítica derivada de la pandemia por COVID-19 es el evidente impacto socioeconómico, que se evidencia en la reducción de la actividad económica y el empleo en más corto tiempo de la historia, con niveles de contracción que se prevén incluso superiores a los de la Gran Recesión de 2009.

Si bien nuestro sistema público de salud se ha mostrado robusto y preparado, la pandemia nos sorprendió con algunas brechas estructurales aún por resolver en materia sociolaboral; estos pendientes nos obligan a repensar políticas públicas que garanticen empleos dignos y mejores condiciones de vida para todas las personas.

En la “nueva normalidad”, corresponderá ampliar nuestro sistema de protección social de forma que logremos un crecimiento económico inclusivo y sostenible, que refleje el espíritu de nuestro Estado de Bienestar como base del sistema democrático, y como motor de la paz y la cohesión social. Algunos de esos retos son los siguientes:

Seguro por desempleo. Posterior a la crisis internacional de 2009, se discutió en nuestro país la necesidad de contar con un mecanismo que permitiera dar seguridad y protección económica a las personas trabajadoras ante la eventualidad de pérdida del empleo. Es conocido que, si bien la Ley de Protección al Trabajador creó el Fondo de Capitalización Laboral (FCL), este no cumple con el fin de asegurar a las personas y sus familias frente al desempleo por tres razones: el ahorro acumulado en cinco años siquiera cubre el equivalente a un mes de salario, el ahorro puede ser retirado en otras circunstancias, y solamente cubre a personas asalariadas con empleo formal. Repensar este sistema de protección y su financiamiento es una tarea tripartita para contar en Costa Rica con este componente de la seguridad social.

Cumplimiento de los derechos laborales. Entre las personas trabajadoras asalariadas, una cuarta parte de ellas no cuenta con seguro social, que implica también la imposibilidad de cobrar incapacidades por enfermedad o licencias por maternidad, así como la no cotización al sistema de pensiones. Cerca del 10% de las personas asalariadas trabaja jornada completa pero no recibe siquiera el salario mínimo. Entre las personas trabajadoras por cuenta propia, la materialización de garantías sociales constitucionales es más lejana: tres de cada cuatro empleos por cuenta propia son informales, más de la mitad no contribuye con la seguridad social y una cuarta parte trabaja jornada completa por menos del equivalente a un salario mínimo.

Tanto la dimensión sanitaria de esta crisis como la económica han puesto de manifiesto las disparidades en las condiciones de empleo y en las consecuencias negativas de la informalidad y de la falta de acceso a las bondades de los sistemas de seguridad social. La mesa tripartita de tránsito a la formalidad es un espacio idóneo para definir estrategias que permitan ampliar acceso a la seguridad social, en el marco de un mundo del trabajo que cambia aceleradamente. Asimismo, coexisten en corriente legislativa proyectos de ley sobre inspección como herramienta para asegurar el cumplimiento de derechos laborales.

Servicios de cuidados y atención a la dependencia. Barreras socioculturales han impedido que la mitad de las mujeres en edad de trabajar puedan acceder a empleos remunerados. Su incorporación al mercado de trabajo significaría un aumento en su autonomía económica, reducción de la pobreza a la mitad y mayores contribuciones a la seguridad social. De todas las barreras, la que ha tenido mayor peso es la de llevar a cabo los cuidados de familiares: niñas y niños, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

Más allá del crecimiento progresivo que ha tenido la Red de Cuido y Desarrollo Infantil, el envejecimiento de la población reviste de urgencia la ampliación de servicios sociales y sanitarios para la atención de la dependencia, como cuarto pilar del Estado de Bienestar. La dependencia, entendida como la situación en que se requieren atenciones y apoyos para realizar actividades elementales de la vida cotidiana, tiene una tendencia creciente; por ejemplo, el porcentaje de personas con dependencia mayores de 60 años aumentará de 46% en la actualidad a más de 60% en 2050.

Comúnmente realizados de manera no remunerada, los cuidados forman parte del sostenimiento de la sociedad y de la economía de mercado, y son actividades que deben pasar de lo privado; donde recae casi en su totalidad en las mujeres, para que sea asumido como una corresponsabilidad de índole social. Debe asumirse el reto de constituir una red sostenible de prestaciones y servicios de calidad que den protección a las personas con dependencia.

La precariedad del empleo, el incumplimiento de derechos sociales y las disparidades económicas tienen que ser abordadas más que nunca. Esta será probablemente la enseñanza más poderosa de esta difícil situación: cuidarnos entres todas y todo. En definitiva, debe ser la solidaridad la que sustente nuestro Estado de Bienestar de cara al futuro para que, esta vez, nadie se quede atrás. Los logros históricos que ha tenido Costa Rica en la consolidación de un sistema de protección social deben alentarnos a pensar que una sociedad más igualitaria es posible. A nuestra generación le corresponde cerrar las brechas que erosionan la convivencia democrática. Es un desafío histórico y es nuestro desafío.


Traducir artículo