Detección de comportamientos irregulares

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Cristina Sansonetti para El Observador

En el año 2016 se aprobó la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, en adelante la Ley. Se incorporó la obligación de que todas personas jurídicas constituidas en Costa Rica y otros obligados, deban reportar quiénes son los beneficiarios finales de las estructuras jurídicas. Esta obligación constituye un hito para el control de la evasión fiscal.

La norma establece que el registro de beneficiarios finales estará a cargo del Banco Central de Costa Rica (BCCR). La Administración Tributaria podrá acceder a la información bajo las pautas establecidas en el artículo 9 de la Ley. La información recabada por el BCCR tiene carácter confidencial pero podrá ser utilizada por la Administración Tributaria para el control tributario en los siguientes supuestos:

  • procesos de fiscalización.
  • elaborar planes de gestión de riesgo para evaluar y diagnosticar mediante la utilización de procesos técnicos, el riesgo de un comportamiento irregular de un grupo de contribuyentes de manera que pueda presumirse un eventual fraude fiscal o incumplimiento tributario.
  • intercambio de información con otras jurisdicciones.

Detección de comportamientos irregulares

Mediante la Resolución R-44-2020 publicada en el Diario la Gaceta, el 24 de diciembre de 2020, la Dirección General de Tributación enlistó los planes de gestión de riesgo que se utilizarán para la detección de comportamientos irregulares.

Los criterios de selección, incluyen el supuesto en que dentro de la cadena accionaria exista en algún nivel personas jurídicas ubicadas en el exterior y que el beneficiario final sea un sujeto domiciliado en Costa Rica.

Es decir,  la interposición de una estructura jurídica con domicilio en el exterior como accionista intermedio de una entidad costarricense cuyos beneficiarios finales sean sujetos domiciliados en Costa Rica. Esto, en un primer momento, puede ser considerado por la Autoridad Tributaria como un posible comportamiento irregular.

Es previsible que la Autoridad Tributaria pudiera en determinado momento solicitar información respecto de la cadena accionaria, sea a la entidad costarricense, o bien, a los beneficiarios finales. Sin embargo, tal requerimiento deberá realizarse en los términos establecidos en el marco legal vigente en Costa Rica.

En el escenario que la Autoridad Tributaria realizare requerimientos de información sobre datos que la empresa local no posee, se deberá revisar a la luz de las normas vigentes, la pertinencia y legitimidad de la solicitud.

En el escenario en que la solicitud de información sea procedente, el simple hecho de que se hubieran incluido dentro de la cadena accionaria estas sociedades o estructuras jurídicas con domicilio en el exterior, cuyos beneficiarios finales sean personas físicas domiciliadas en Costa Rica, resulta conveniente analizar la razonabilidad de la interposición de tales entidades o estructuras y reflexionar si son adecuadas o si conviniese simplificar la cadena societaria.

Sin menoscabo de lo anterior, la Autoridad Tributaria no debería desconocer que la interposición de vehículos jurídicos con domicilio en el exterior, puede derivar de razones de negocio, protección legal, sucesión patrimonial y no en fines estrictamente fiscales. En cualquiera de los supuestos, es indispensable contar con la adecuada trazabilidad y documentación pertinente a fin de evitar conclusiones erróneas en caso de un eventual cuestionamiento.

Aun después de la reforma fiscal aprobada en el 2018, nuestro sistema fiscal se sustenta en el criterio de territorialidad, por tanto, en principio las rentas o ganancias obtenidas de capitales invertidos en el exterior, como podrían serlo la distribución de utilidades de empresas domiciliadas en el exterior, calificarían como renta no sujeta al pago de impuestos en Costa Rica.

Al mismo tiempo, los dividendos de fuente costarricense distribuidos a favor de socios no domiciliados, ya tuvieron que haber sido sometidos al pago del impuesto sobre la renta de capital mobiliario (dividendos) al momento de su pago, con lo cual el hecho de incluir estructuras jurídicas con domicilio en el exterior dentro de la cadena accionaria en principio no erosiona el pago de los tributos que se causan en Costa Rica. Sin embargo, lo que sí debe procurar el contribuyente es poder acreditar el cumplimiento del pago de los tributos causados en Costa Rica.

Por último, debe recordarse que a pesar de la claridad en que la Ley del Impuesto sobre la Renta delimita el criterio de territorialidad, existen una serie de antecedentes jurisdiccionales que han soportado la tesis contraria seguida por la Autoridad Tributaria en lo concerniente a la estructura económica de país, a fin de someter a imposición en Costa Rica rentas derivadas de capitales invertidos en el exterior.

Nos encontramos ante una nueva era en materia fiscal, el intercambio de información entre las Administraciones Tributarias, el uso de las tecnologías y ciencias de datos en las Administraciones Tributarias, cada día adquiere mayor auge, por lo que resulta recomendable revisar los esquemas societarios de las sociedades costarricenses con el objetivo de simplificar su gestión y eventualmente reducir cualquier exposición fiscal.

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