Krissia Morris Gray
Alfonso Ruiz, uno de los abogados de Johnny Araya, alcalde de Municipalidad de San José, manifestó que su cliente fue detenido por causas diferentes a las imputadas a otros cinco alcaldes, en el caso conocido como Operación Diamante.
La casa de Araya, ubicada en Rohrmoser, fue allanada la mañana de este lunes, cerca de las 7:00 a.m. Luego de cuatro horas de investigaciones, las autoridades secuestraron computadoras, teléfonos celulares y llaves maya.
Posteriormente, minutos pasados de las 11:00 a.m., Araya salió escoltado con un semblante serio, sin mencionar palabra alguna y esposado con las manos adelante, pero cubiertas con un abrigo.
Al político se le trasladó al II Circuito Judicial para la indagatoria de su participación en el caso.
Hechos distintos
Ruiz remarcó que “los hechos que se investigan acá no tienen relación con las otras alcaldías”.
Agregó que se trata de cosas muy puntuales de la Municipalidad de San Jose en donde “hay un asunto de tráfico de influencias y otros aspectos similares que es lo que se está investigando”.
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Sin relación con Meco
Descartó que Araya figurara como uno de los posibles alcaldes investigados por tener acercamientos con la empresa Meco.
El alcalde josefino, al igual que los demás imputados en el Operación Diamante, está a la espera de que se le dicten medidas cautelares.
Ruiz apuntó que puede dar más declaraciones sobre el caso, pues así lo solicitaron las autoridades que llevan a cabo las pesquisas.
No les sorprende
Federico Campos, otro de los abogados de Araya, agregó que se procedería a la revisión del expediente con el fin de preparar la defensa que se hará.
“Hay intervenciones telefónicas. Son varios delitos, pero no podemos dar detalle de eso”, aseveró Campos.
Externó que su cliente es inocente y que se darán las explicaciones del caso.
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“No nos sorprende que también en época electoral se vengan este tipo de diligencias y de allanamientos contra alcaldes y gente relacionada con la política. Siempre pasa y ya sabíamos de antemano que algo así podría suceder”, reafirmó Campos.
Se estima que la audiencia de para dictar medidas cautelares se efectuará este lunes o el martes en horas de la mañana.
Presunciones de la Fiscalía
La mañana de este lunes, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Trasparencia y Anticorrupción, hizo unos 40 allanamientos en 8 municipalidades.
También se intervinieron casas de habitación. En total, la investigación incluyó 84 puntos.
Se presume que los funcionarios públicos favorecían a las empresas, a cambio de dádivas o promesas de retribución.
También se allanó la oficina del MOPT-BID y la empresa Explotec, que al parecer obtuvo licitaciones y proyectos de construcción con las municipalidades de Alajuela y San José.
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Por estos hechos se encuentran detenidos seis alcaldes municipales, cinco funcionarios de gobiernos locales y dos empresarios.
Se indagan al menos 15 proyectos en todas las municipalidades.
“Se presume que los funcionarios públicos favorecían a las empresas ejerciendo controles de licitaciones para la adjudicación de contrataciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas”.
“A cambio, se sospecha que se dieron retribuciones ilegales, que incluyen dinero en efectivo, trabajos de construcción en viviendas de las personas involucradas y entrega de vehículos”, infirmó la Fiscalía.
Entre los delitos que se investigan, bajo el expediente 20-009616-0042-PE, están cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor.
Krissia Morris Gray
