Tomás Gómez
Este lunes se llega a una semana desde el megaoperativo que las autoridades judiciales bautizaron como Caso Cochinilla.
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Desde aquel día, 28 personas -tanto del sector privado como empleados públicos- quedaron detenidas en celdas del OIJ, donde comenzarían un proceso del que no se sabe aún su finalización.
De momento, se desarrolla la audiencia para imponer las medidas cautelares, pero la logística han complicado el proceso.
La Fiscalía requirió tres jornadas enteras para exponer el caso. Y desde el viernes ha sido el turno de los abogados defensores para refutar.
Estos no tienen límite de tiempo para exponer y, aunque quedan seis por intervenir, se espera que se extienda hasta este martes.
Luego de ese lapso, le corresponderá a la jueza Carolina Lizano dar su resolución, la cual se espera que sea oral para agilizar el proceso.
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La petición de medidas cautelares dividió al grupo entre quienes enfrentarían prisión preventiva y los que no.
En el primer grupo están:
A los del segundo segmento se les piden restricciones que van desde impedimento del salida del país o firmar periodicamente hasta no acercarse a los testigos.
Además, a algunos se les pide la suspensión en la participación de contratos con el Estado.
En la lista figuran:
Caso Cochinilla redefine sus plazos
En un los procesos ordinarios, los jueces tienen 48 horas para aclarar la situación de un denido, plazo que se duplicó en el Caso Cochinilla por ser declarado "crimen organizado".
Así, el plazo para la audiencia vencía originalmente el sábado por la mañana, pero el Juzgado dictó una prisión preventiva instrumental, que permita ampliar el tiempo de la audiencia y la detención.
La medida no cayó bien y al menos 5 de los detenidos han reclamado su libertad ante la Sala IV mediante recursos de hábeas corpus.
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El abogado Erick Gatgens, representante de una de las investigadas de apellido Solís, justificó el reclamo indicando que se violaron requisitos esenciales de la medida.
