Marco Marín
La decisión del Ministerio de Hacienda, de transferir, originalmente, ¢70.000 millones del Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES), a una cartera destinada a capital de infraestructura, no sentó nada bien a los funcionarios y la población estudiantil de las universidades públicas.
El pasado miércoles, los ánimos de los estudiantes de estas instituciones comenzó a hervir, luego de que fracasaron los últimos intentos para detener esta medida, la cual no resta fondos del presupuesto de las FEES del 2020, sino que determina en qué se debe gastar ese monto.
La frustración se desbordó al día siguiente y, a lo largo de las siguientes 72 horas, cuando grupos de universitarios, algunos de ellos “encapuchados”, tomaron edificios en distintas sedes.
Varios de las edificaciones fueron vandalizadas. A esto se suma los bloqueos viales en que han incurrido un puñado de manifestantes, a lo largo de últimos días. A pesar de ser pocos, han generado gran afectación.
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La gota que derramó el vaso
Luego de que los diputados de la comisión de Hacendarios rechazaron, a mitad de semana, tres mociones para detener la directriz de Hacienda, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (Feucr) anunció una marcha hasta Casa Presidencial.
Al mismo tiempo, las cinco universidades públicas, salieron a “pegar el grito al cielo”. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica (UCR) salió a clamar que el proyecto los deja en “estado de emergencia”.
Esto, claro está, a pesar de que la disposición ya había sido discutida, incluida y aceptada en el FEES. El acuerdo entre las universidades públicas y el Poder Ejecutivo, se firmó el pasado 18 de julio.
La misiva contó con la firma de los rectores de las cinco instituciones: Rodrigo Arias, Universidad Estatal a Distancia (UNED); Marcelo Prieto, Universidad Técnica Nacional; Luis Paulino Méndez, Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC); Alberto Salom, Universidad Nacional y Henning Jensen de la UCR.
Estos dos factores, aunados al siempre mal comprendido concepto de “autonomía universitaria”, caló rápidamente entre los principales beneficiados de estas instituciones: los estudiantes.
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Juego de números
Estos ¢70 mil millones representan el 13,6% del total de este fondo, el cual cuenta con un total de ¢512.781,51 millones. La presión, sin embargo, se comenzó a sentir ese mismo miércoles en el Plenario.
Tras la decisión de no frenar la transferencia, la misma Comisión aprobó una moción para recortar el monto a la mitad, por lo que finalmente quedó en ¢35.000 millones.
No obstante, esa noche comenzaron a resonar los llamados a la confrontación. En las sedes de la UCR en San José y Puntarenas se dieron las primeras manifestaciones en contra de la medida. Al día siguiente continuaron, y se esparcieron, con la toma de edificaciones.
El primer campus en ser cerrado, parcialmente, fue la Universidad Nacional (UNA), en Heredia. Poco después del mediodía, alrededor de 20 personas encapuchadas tomaron el edificio de la Rectoría. Durante la noche otros tantos cerraron el paso por la calle que pasa frente a la institución.
En videos que se compartieron por redes sociales, se ve cuando Salom es evacuado del edificio entre gritos e insultos de varios estudiantes, entre ellos encapuchados, que lo “despidieron” en medio de un ambiente hostil.
Luego llegó el turno del Rodrigo Facio, sede de la UCR en San Pedro. Ahí, el jueves en la noche cerraron los edificios de Ciencias Sociales, Educación y Derecho. Otro grupo impidió el flujo vehicular por la carretera de Circunvalación, en las inmediaciones de la entrada al edificio de Leyes.
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Apoyo incondicional
Algunos de los edificios fueron vandalizados. Una de las consignas rezaba: “Rayamos lo nuestro”. La frase fue hallada la Facultad de Ciencias Sociales. Su edificio fue construido con el Fideicomiso UCR-BCR 2011, por lo que aún no le pertenece a la universidad.
Ahora, la reparación de daños en el inmueble corre por cuenta del centro educativo.
A pesar de esto, los rectores, quienes no han escapado a la crítica de sus estudiantes, continúan buscando la forma de establecer un frente común.
Los funcionarios ya tiene permiso para sumarse a la movilización. La directriz fue girada en todas las universidades. Además, la UNA pondrá a disposición buses, mensaje que fue compartido por el rector Salom.
A todo esto, el gobierno aseguró, el sábado, que mantiene negociaciones con las instituciones, sin embargo, no especificó detalles.
Mientras tanto, algunos universitarios aseguran que se mantendrán en protesta hasta que haya una resolución satisfactoria. Todavía, a este sábado en la noche, se lo recordaron a los conductores que intentaban circular por la calle principal de Heredia.
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Marco Marín
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