Paulo Villalobos
Una mujer y dos hombres fueron capturados este miércoles como sospechosos de cometer estafas con un desarrollo habitacional en Barva, en Heredia, que jamás existió.
Se trata de los encartados de apellidos García Campos, Vargas Calvo y Fernández Barquero, respectivamente, a quienes se les detuvo durante una serie de allanamientos dirigidos en sus viviendas, en Heredia y Grecia, Alajuela.
Allí, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca evidencias que pueda aportar al expediente 19-004386-0057-PE, en el que se persigue una supuesta estafa mayor.
Esa actuación es castigada con entre 2 meses y 10 años de cárcel, que dependen del monto defraudado, de acuerdo con el artículo 216 del Código Penal
Los tres sujetos están a las órdenes del Ministerio Público, donde se les tomará declaración indagatoria (donde se les informa sobre el delito por el que se les investiga y la prueba que existe en su contra). Luego, se valorará la respectiva solicitud de medidas cautelares.
Mampara
La Municipalidad de Barva, a un costado del parque central del cantón. (Manuel Sancho | El Observador)
En apariencia, desde el 2017, los imputados habrían ideado un plan con el fin de inducir en error a dos personas, a quienes, se investiga, les habrían hecho creer que representaban a un proyecto habitacional llamado Bosque de Laureles, en Barva, donde podrían adquirir una vivienda con pagos quincenales.
Se sospecha que los investigados les dijeron a las víctimas que lo único que tenían que hacer era asistir a reuniones quincenales y que debían cancelar un monto obligatorio de ¢5.000 y otros pagos que tendrían relación con los gustos de los ofendidos, que variaban con las casas que los “clientes” eligieran.
En apariencia, también les pedían dinero para, presuntamente, cancelar el pago que exigirían las instituciones estatales para los distintos trámites.
Una de las víctimas interpuso la denuncia el 6 de setiembre del 2019, luego de que, por medio de la Municipalidad de Barva, se diera cuenta que dicho proyecto no existía y que, además, los imputados no contaban con ningún permiso para esa actividad.
La mujer habría entregado aproximadamente ¢120.000 para los supuestos trámites, a parte del monto de las reuniones quincenales.
Otro ofendido se apersonó a denunciar el 23 de octubre de 2019, después de enterarse de que el proyecto no era real.
Esa otra víctima entregó una cifra aproximada de ₵425.000 para las gestiones.
Paulo Villalobos
