Paula Ruiz
La diputada Shirley Díaz presentó 9 de las 17 mociones planteadas en la recta final del proyecto que busca legalizar la producción y comercialización tanto del cáñamo como de la marihuana medicinal.
Durante este jueves, el Plenario avanzó en ocho de las enmiendas presentadas.
Díaz alegó que su interés es permitir la producción y comercialización solo para el cáñamo.
Aduce que con dicha autorización para el cannabis medicinal, lo que realmente se hace es legalizar la marihuana.
“Este proyecto hubiese sido un proyecto importante para la economía nacional si se hubiera dirigido al cáñamo. Sin embargo, al abrirlo, me preocupa el futuro del control que se le puedan dar a las plantaciones”, manifestó.
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“Me preocupa porque se está abriendo a la producción de la marihuana con fines medicinales para pequeña empresa, personas físicas y esto podría traducirse en un flagelo más grande del que ya tiene Costa Rica con las drogas”, justificó Díaz.
De manera específica, la independiente aseguró que podría haber consecuencias “nefastas para jóvenes” por el consumo de marihuana.
Incluso, se basó en estudios extranjeros para indicar que el consumo de esta droga en las escuelas conlleva a la deserción.
“Puede afectar a la juventud más de lo que ya está siendo afectada por el consumo de drogas (…), ¿Cómo vamos a controlar el mercado ilegal que se va a dar por sobreproducción de marihuana en fincas?”, expuso en sus intervenciones.
Además de diputada, Díaz es candidata a la vicepresidencia de la República con el Partido Nueva Generación junto a Sergio Mena como aspirante presidencial.
A las puertas de votación
Aunque se presentaron 17 mociones, las dos últimas y las dos primeras fueron retiradas por sus proponentes.
Una vez finalizada esta etapa de votación de enmiendas, podría presentarse la revisión de estas mismas mociones.
Finalizado este trámite, se iniciará la discusión de cara a su primer debate. Silvia Hernández, presidenta del Congreso, dijo con anterioridad que esperan aprobar este proyecto en octubre.
Esto porque a partir del 1 de noviembre el Gobierno tomará control de la agenda legislativa. De esta manera, indicará qué iniciativas pueden ser analizadas y discutidas tanto en Comisiones Legislativas como en Plenario.
En el período anterior de sesiones extraordinarias durante ocho meses, el Gobierno no tuvo interés en esta iniciativa.
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