Paula Ruiz
La diputada Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), dio a conocer su posición con respecto al referéndum planteado por el Gobierno de la República.
Álvarez mostró su oposición a esta consulta que pretende que la ciudadanía decida sobre el proyecto de ley 24.364 “Ley Jaguar”.
La Diputada adelantó que no votará la convocatoria conjunta con el Poder Ejecutivo, debido a los severos cuestionamientos de constitucionalidad que tiene, por el fondo el proyecto.
“Considero muy irresponsable que el gobierno pretenda someter al país a un desgaste sobre un proyecto de ley cuyo fin es debilitar las competencias de la Contraloría General de la República y desmantelar sus poderes de fiscalización”, dijo.
“Si se reducen o limitan los controles, se abre un peligroso paso hacia la corrupción”, amplió.
El anuncio de Álvarez se dio a conocer este jueves después de que los jefes de fracción tomaran la decisión de fijar el 25 de junio como fecha tentativa para votar el decreto que contiene el referéndum.
“El referéndum es un excelente mecanismo de participación ciudadana, pero el que pretende este gobierno es abiertamente improcedente y peligroso”, dijo la liberacionista.
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A favor de Ciudad Gobierno
Uno de los puntos que pretende el referéndum guarda relación indirecta con Ciudad Gobierno pues pretende modificar el artículo 67 de la Ley de Contratación Pública.
Ese numeral fue utilizado por la Contraloría para objetar la construcción de la Ciudad Gobierno pretendida por el gobierno de Rodrigo Chaves al indicar que un ente privado no puede construir en terrenos del Estado y sin licitación.
El Poder Ejecutivo busca que sea el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) el encargado de todo ese proceso y arrendar el inmueble durante 25 años. Al finalizar ese plazo, pasaría a manos del Estado.
Frente a esto, Álvarez externó su posición a favor de Ciudad Gobierno cuya idea busca una reducción de alquileres de inmuebles.
Para la legisladora, si el Gobierno hubiera tramitado la contratación como exige la ley, siguiendo el camino correcto y los procedimientos establecidos, ya estaría en trámite su construcción.
“Lo propuesto es una venganza contra las instituciones que evitan, hoy por hoy, que los corruptos se roben la plata y cometan actos irregulares”, puntualizó.
Amplió que el proyecto “jaguar” lo que pretende es que, en materia de contratación de obra pública, se examine al paciente ya descompuesto de corrupción en una autopsia, en vez de salvarle la vida preventivamente.
Álvarez visualizó que en caso de que el referéndum sea declarado inconstitucional, “desatará la furia de Zapote” y por tanto, atacará al Tribunal Supremo de Elecciones y la Sala Constitucional.
