Paula Ruiz
El diputado Leslye Bojorges del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó este martes un proyecto de ley para aplicar una rebaja al marchamo 2023.
Este proyecto tiene que estar aprobado y contemplado como Ley de la República para su aplicación en menos de tres semanas. Esto en vista de que el cobro del marchamo rige a partir del primer lunes de noviembre.
Esto implicaría una aprobación fugaz en la Asamblea Legislativa, que es poco usual en el Primer Poder de la República.
El diputado afirmó que buscará las observaciones por parte del Ministerio de Hacienda. Luego espera consensuar una moción de vía rápida que permita un trámite expedito al expediente de ley.
“Lo único que no se vale es no hacer nada. Debemos tener esta discusión y lograr de manera conjunta una rebaja del marchamo para estas personas’’, defendió.
Bojorges dijo que esta acción está enmarcada en el aumento en la inflación, que actualmente se ubica en 12,48% (interanual).
“Estamos presentando una iniciativa comedida, con un rebajo responsable que únicamente beneficia a las personas de clase media o clase media baja de nuestro país”, afirmó el socialcristiano.
El plan lo que pretende es la aplicación de una rebaja en el impuesto sobre el valor de la propiedad, que ronda su exoneración completa para motocicletas hasta un 30% según sea el valor del vehículo.
¿Cuánto dejará de percibir el erario?
El plan no indica cuánto dinero dejará el erario de percibir por esta rebaja. Consultado al respecto, Bojorges señaló que la cuantificación le correspondería al Ministerio de Hacienda.
"Y de ahí realizar los movimientos presupuestarios o recortes para compensar", declaró el legislador.
"El proyecto plantea una gradualidad menos agresiva que la de años anteriores para una rebaja menor en aquellos vehículos que no superen los ¢10,5 millones", defendió Bojorges.
Para el pago del marchamo 2021 se aprobó una rebaja en 2020 por parte de la Asamblea Legislativa, pese a la oposición del Gobierno de Carlos Alvarado.
La motivación en aquel entonces se dio porque los costarricenses vieron limitado su movilidad en el marco de las medidas de contención de la pandemia.
En tanto, el año pasado también se autorizó una rebaja que fue vetada por Alvarado. En esa ocasión, el expresidente aseguró que la acción se debía a que su aval implicaba un hueco en las finanzas públicas por ¢30.000 millones.
