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Diputado puja por su proyecto tras 7 muertes por alcohol adulterado

Hasta este miércoles se contabilizaron siete muertes de personas tras consumir alcohol adulterado. Por eso, el diputado liberacionista Daniel Ulate…

Por Paula Ruiz

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Diputado puja por su proyecto tras 7 muertes por alcohol adulterado
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Hasta este miércoles se contabilizaron siete muertes de personas tras consumir alcohol adulterado. Por eso, el diputado liberacionista Daniel Ulate aprovechó para pujar por su proyecto de ley, que pretende un sistema de trazabilidad para detectar la legalidad o no de los licores.

La propuesta establece la colocación de códigos QR o de barras y etiquetados particulares a este tipo de bebidas, que ingresen al país o se produzcan localmente.

El proyecto está a la espera de respuesta por parte del Ministerio de Hacienda y municipalidades, para luego iniciar su trámite de primer debate.

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Nogui Acosta, exviceministro de Hacienda había advertido en 2019 que implementar el sistema sería más caro que la recaudación que podría pretenderse.

Sin embargo, Ulate cree que su proyecto contribuirá a la reducción de muertes por alcohol adulterado.

“El sistema que Hacienda quiera implementar sacaría del mercado el licor ilegal ya sea por no pago de impuestos, o bien por casos de adulteración. También permitirá a las autoridades verificar qué comercios venden licor adulterado, imponer sanciones y rastrear más fácilmente a las personas que se dedican a este tipo de negocio ilícito”, indicó el legislador.”, agregó.

Si las bebidas en venta no contaran con los códigos, los comercios se exponen a cierres temporales o definitivos.

Las siete personas fallecidas vivían en la ciudadela La Carpio, San José. La imagen es de referencia.

Con la Industria en contra

Varias cámaras empresariales externaron su oposición a la iniciativa, pues aducen que implicaría costos adicionales de producción.

Recientemente, se opusieron a dos directrices de Hacienda. Ambas establecieron un mecanismo de identificación a bebidas alcohólicas que se comercializan en el Depósito Libre Comercial de Golfito.

“Este mecanismo es el mismo que pretende hacer obligatorio el proyecto No.20961 del diputado Daniel Ulate”, reclamó la Asociación de Productores e Importadores de Bebidas Alcohólicas de Costa Rica (Apibaco).

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Después de un año de vigencia de esas directrices, aducen que no ha dado los resultados esperados porque el comercio ilícito de bebidas alcohólicas continúa.

“Contrario a lo esperado, la cantidad de producto ilícito importado evadiendo controles aduaneros y evadiendo el pago de impuestos ha aumentado en perjuicio de la recaudación fiscal y las ventas de la industria legal. Además, compromete la salud de los consumidores y aumenta la inseguridad ciudadana al fortalecerse las redes de crimen organizado., explicó Mario Gutierrez, Presidente de APIBACO.

En contraparte, el proyecto es respaldado por la Asociación Nacional del Alcaldías e Intendencias (ANAI) y la Policía de Control Fiscal.

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